"La propiedad y administración del patrimonio en Perú está en manos del Estado y no puede renunciar a su responsabilidad y decir a los empresarios que pueden encargarse de ello", criticó Raúl Asensio, director de Relaciones Públicas del Gobierno regional de Cusco, en diálogo con esta agencia.
El pasado 22 de septiembre se publicó el decreto 1198 que modifica la Ley general del Patrimonio Cultural de la Nación promoviendo la participación privada en la gestión del patrimonio de Perú, algo que afectaba especialmente a la región de Cusco dada su riqueza arqueológica con el santuario histórico de Machu Pichu como principal monumento.
El Congreso decidió anular la norma con 56 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.
En un principio, se valoró excluir al departamento de Cusco de los alcances del decreto, pero después del debate en el Congreso, la mayoría de los parlamentarios propuso la derogatoria completa.
Las autoridades de esta región también consideraban que esa "era solo una conquista parcial", explicó Asensio, y "no era una lectura solidaria de lo que significa el patrimonio, puesto que debe ser universal", agregó.
Durante el miércoles y el jueves la Ciudad Imperial realizó un paro que culminó en una multitudinaria manifestación y que obligó a interrumpir el transporte ferroviario de Cusco a Machu Pichu por razones de seguridad, señala la prensa local.
"Tal vez hemos causado ciertas molestias a los visitantes, pero es parte del costo social", sostuvo Asensio.
Alrededor de 2,5 millones de visitantes, según señala el medio peruano La República, llegan cada año a Cusco generando unos 60 millones de dólares a favor del Estado.
