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Denuncias de compra de votos siguen empañando elecciones en Colombia

© REUTERS / Jose Miguel GomezSituación en Bogotá antes de las elecciones
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Cuando faltan sólo dos días para las elecciones locales en Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó a 259.000 ciudadanos para votar pese a que inicialmente les había sido anulada la inscripción por sospechas de que habían falsificado sus lugares de residencia para alterar el resultado a cambio de dinero o favores.

Emiliano Rivera, presidente del CNE, señaló que la medida se tomó porque fueron válidos los recursos presentados por esos 259.000 ciudadanos a quienes se les había cancelado su inscripción, y que ahora podrán sufragar en el municipio en que lo habían hecho en los comicios de 2014 para la elección de Presidente de la República, según da cuenta el diario El Espectador.

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"A partir de ahora, los ciudadanos beneficiados con la decisión recibirán un mensaje de texto en el que se les indicará el puesto de votación donde inicialmente habían inscrito su cédula", señala, a su turno, un comunicado del CNE.

Pese a los "errores del sistema", como ha calificado el propio CNE a la anulación de, en principio, más de 1.600.000 cédulas, y que después esa cifra hubiera sido reducida a 1.300.000, el columnista y analista político Juan Fernando Londoño, en diálogo con Sputnik Nóvosti, considera que la medida "es muy importante porque por primera vez se castiga de forma masiva la trashumancia en el país".

La trashumancia electoral se define en Colombia como el acto de inscribirse para votar en un lugar diferente del que se reside con el objetivo de cambiar el resultado en una localidad. Se considera como un acto fraudulento y está penado por la ley.

"No cabe duda de que la medida del CNE le aguó la fiesta a más de uno que ya tenía organizada la trampa de las elecciones", dijo Londoño, quien aseguró que el escaso margen de reclamos frente a las anulaciones demuestra cómo "sí hay gente con intenciones de manipular el proceso electoral".

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Por su parte, Rivera señaló ante la prensa que los magistrados del CNE se reunieron con el vicefiscal de la Nación, José Fernando Perdomo, para que investigue a los ciudadanos que son responsables de trashumancia, los cuales serían, en efecto, cerca de 1.300.000 personas.

"Tenemos la certeza de lo hecho y la veracidad de las bases de datos cruzadas (…) la trashumancia existe y la estamos combatiendo con decisiones", agregó el funcionario, de acuerdo con El Espectador.

Según ha trascendido, el proceso para revertir la medida aplicada por el CNE a 259.000 ciudadanos —y por la que varias personas aseguran que pagaron justos por pecadores- obedeció a que estos impusieron acciones de tutela, luego que desde un comienzo insistieron en que residen y trabajan en los lugares en los cuales se registraron para votar este domingo.

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