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Fiscalía de Colombia indaga a 14 militares por torturas en Palacio de Justicia

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La Fiscalía General de Colombia citó a indagatoria a 14 militares por su presunta participación y conocimiento en las torturas a las que fueron sometidos dos estudiantes universitarios durante la toma del Palacio de Justicia en 1985, según informó este jueves ese organismo.

La Fiscalía comunicó más temprano que había citado al general retirado Iván Ramírez Quintero y al coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano por tales hechos; en el transcurso de la mañana de este jueves se amplió a otros 12 la lista de indagados.

Los militares en retiro deberán responder por las torturas a las que fueron sometidos los entonces estudiantes de Derecho Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, quienes se encontraban en el Palacio en momentos en que la guerrilla del M-19 (hoy desmovilizada) tomó el lugar, lo que derivó en una retoma por parte de los militares que se cobró la vida de 98 personas, entre ellas once magistrados.

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Durante la operación once personas más fueron dadas por desaparecidas, de las cuales los restos de tres sólo fueron plenamente identificadas el pasado martes (casi 30 años después de ocurridos los hechos), luego de que la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal adelantaron exámenes de ADN.

Según la Fiscalía, Matson y Santodomingo fueron trasladados a la Casa del Florero (museo que se aloja en una construcción colonial, diagonal al Palacio) por un grupo de militares, quienes los sometieron a torturas tras acusarlos de ser parte del grupo subversivo.

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Posteriormente ambos jóvenes fueron dejados en libertad por intermediación del tío de Matson, Arturo Matson Figueroa, quien era gobernador del Departamento de Bolívar (norte).

La Fiscalía también precisó este jueves que los 14 militares son igualmente señalados por torturas físicas y psicológicas a otros nueve ciudadanos que nada tuvieron que ver en la toma del Palacio de Justicia, pero que los uniformados denominaron como “marcados” de participar en el hecho.

Estas nueve personas, al igual que Matson y Santodomingo, fueron llevadas a la Casa del Florero, donde funcionó un centro de operaciones e inteligencia del ejército improvisado y comandado por el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, y donde les practicaron los vejámenes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2014 al Estado colombiano por la desaparición de aquellas 11 personas y la retención ilegal y tortura de otros cuatro civiles.

 

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