"Hoy arrancan 52 bloques de búsqueda para bajar a esos pasajeros ilegales de esos vehículos", dijo Hugo Ospina, quien lidera un grupo de taxistas que se opone a la implementación de Uber.
"Aquí quien debe hacer eso (tomar las medidas) es la Secretaría de Movilidad, pero aquí carecemos de esa Secretaría; el Estado colombiano tiene unas leyes y como tal las tenemos que hacer proteger, porque Uber nos está robando los pasajeros y nos vamos a unir contra esos delincuentes", aseveró Ospina.
Por su parte, el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, Juan Francisco Peláez, rechazó la medida de los taxistas y no descartó que los "bloques de búsqueda" puedan generar hechos de violencia.
"No vamos a permitir que unas personas dejen a otras heridas, muertas, o vehículos deteriorados", dijo Peláez, quien enfatizó en que "la única autoridad del Estado es la Policía Nacional" y que aquellos que provoquen disturbios recibirán "todo el peso de la ley".
El 17 de septiembre el presidente Juan Manuel Santos encargó a su vicepresidente, Germán Vargas Lleras, regular "lo más pronto posible" las plataformas digitales de servicio de transporte como Uber, con el fin de proteger a los usuarios de las rachas de violencia desatadas por los taxistas en su contra, las cuales han dejado 75 agresiones registradas en lo que va de este año.
Sin embargo, una semana después del anuncio, el vicepresidente aplazó hasta la primera semana de noviembre la reglamentación de Uber, luego de que se lo acusara de estar haciendo política en el marco de las elecciones regionales y locales que tendrán lugar en todo el país el 25 de octubre.
El concejal Antonio Sanguino instó este viernes al Gobierno a alcanzar un consenso para que los bienes y servicios que se prestan a través de aplicaciones móviles puedan funcionar en el país conforme a los presupuestos legales pertinentes.
"En Uber celebramos la posición vanguardista el concejal Sanguino y su apuesta por modelos innovadores, confiables y sostenibles al servicio de una mejor movilidad para los ciudadanos", precisa el comunicado de la filial que la empresa estadounidense tiene en Bogotá.
Al igual que ocurre en varios países del mundo, la aplicación de Uber en Colombia ha dado origen a fuertes disputas entre choferes particulares, usuarios y grupos de taxistas, pues estos últimos aseguran que la compañía estadounidense presta un servicio ilegal y que por tanto no se debe ni siquiera regular.
