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Gobierno de Colombia niega persecución judicial de expresidente Uribe

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El Gobierno de Colombia rechazó que exista una estrategia judicial para vincular al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) con una masacre cometida en 1997 por paramilitares en el norteño departamento de Antioquia, del cual era gobernador, informa este miércoles la prensa colombiana.

Es una “tesis estrambótica que nadie cree”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo a medios de prensa, a la salida de una sesión del Congreso.

“El Gobierno no tiene opiniones sobre las decisiones judiciales, sino (que) simplemente cumple con el acatamiento”, agregó.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia - Sputnik Mundo
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Fiscalía de Colombia pide investigar al expresidente Uribe por masacre

La Fiscalía General solicitó el martes a la Corte Suprema de Justicia que investigue al expresidente y actual senador por su presunta participación en la llamada “Masacre de El Aro”.

Uribe responsabilizó de la decisión fiscal al presidente Juan Manuel Santos, al jefe de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”, y el ex paramilitar alias “Don Berna”, además del propio fiscal Eduardo Montealegre.

El 22 de octubre de 1997, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a 15 campesinos en El Aro, una aldea ubicada en el municipio antioqueño de Ituango.

Según testimonios, los paramilitares utilizaron un helicóptero de la Gobernación de Antioquia, cuyo titular era Uribe.

“El fiscal me acusa de haber desviado la investigación de (la masacre de) El Aro, una de las muchas masacres acaecidas en la patria y en Antioquia que se superaron en nuestro Gobierno”, dijo Uribe a la televisión Noticias RCN.

“Yo siempre he salido a enfrentar las condenas injustas contra mis compañeros, pero de frente, no conozco aquello de manipular la justicia, la confronto pero no la manipulo”, agregó.

El partido derechista Centro Democrático, que lidera Uribe, rechazó la intervención de la fiscalía e incrementó sus ataques al acuerdo alcanzado por Bogotá y las FARC para aplicar la justicia transicional a los crímenes del conflicto interno colombiano.

Varios dirigentes uribistas han expresado sus temores de que los acuerdos sobre justicia transicional puedan llevar al exmandatario a la justicia.

También este miércoles se conoció que el abogado de Uribe, Jaime Granados, fue citado a declarar el 20 de octubre por la fiscalía, por presuntos delitos de falsa denuncia y fraude procesal, por un caso vinculado al ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, rival del presidente Santos en los últimos comicios.

"El fiscal (Montealegre) cree que puede someter e intimidar a la defensa del expresidente Uribe. El fiscal tiene reacciones primarias", dijo Granados al conocer la citación.

Desde el ente acusador "hay una persecución para tratar de impedir una adecuada defensa del expresidente”, argumentó Granados en declaraciones a la revista Semana.

La fiscalía persigue a los líderes del Centro Democrático y, “para impedir la defensa efectiva de ellos, ahora la emprende contra su defensor”, añadió.

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