De esta manera, el titular contradice las investigaciones humanitarias y del Congreso que denuncian ejecuciones extrajudiciales en ese caso.
Según relató Cienfuegos a la cadena nacional Televisa, siete soldados de tropa y un oficial fueron agredidos por un tirador que se escondió en una bodega.
"Desde el interior les empiezan a disparar a nuestros soldados; un soldado recibe un impacto en el chaleco, afortunadamente, y lo tumba con el impacto; los demás piensan que su compañero está herido o muerto y responden a la agresión donde estaban saliendo los impactos, se ven los fogonazos", dijo al alto cargo en una entrevista editada.
El enfrentamiento duró alrededor de 10 minutos: "el oficial con otros tres va a ver al soldado que está herido y quedan en la entrada, prácticamente en la entrada del cobertizo, un sargento y dos soldados", prosigue el relato que por primera vez hace a una cadena de TV el jefe de la Defensa.
"El sargento, que es la autoridad en ese momento, toma la decisión de ingresar al cobertizo y, al momento que ingresa, él dice "bueno pues, hay gente que se levanta, que corre, que cerrojea armas"; ellos estaban todavía en un enfrentamiento, habían sido agredidos", sostiene el general.
"Ellos (los soldados) hacen su propia defensa; si no lo hacen, los matan y ahí queda el asunto, ya no hay más disparos; entonces, entra ya el resto del personal con el oficial con alguna luz y se dan cuenta que si hay muchos cuerpos, 22 por cierto", señaló el secretario de la Defensa Nacional.
El jesuita Centro de Derechos Humanos Agustín Pro presentó un documento de la secretaría de la Defensa con las instrucciones que recibió el teniente de la operación de "abatir delincuentes en horas de oscuridad" en Tlatlata, pueblo localizado a 350 km de la capital mexicana.
El pasado lunes 5 de octubre, un juez federal decretó la libertad de cuatro de los ocho militares acusados de integrar la patrulla del Ejército que abatió a los 22 sicarios en el pueblo de Tlatlaya, entre quienes 12 o 15 se habrían rendido y fueron ejecutados, según investigaciones de la Comisión Nacional de DDHH.
La Procuraduría General de México apelará la decisión del juez federal.
El mismo juez federal que liberó a los cuatro militares ordenó formal prisión en contra de otros tres elementos de la secretaría de Defensa Nacional "por delitos diversos, entre ellos el de homicidio y abuso de autoridad".
La madrugada del lunes 30 de junio de 2014, elementos del 102 Batallón de Infantería se enfrentaron a un grupo de presuntos sicarios, en una bodega donde retenían a tres mujeres, con saldo de 22 civiles muertos, entre ellos una joven adolescente, y la presunta liberación de las tres mujeres que luego narraron una masacre.
El Ejército presentó un arsenal incautado de 25 armas largas, 13 cortas, una granada de fragmentación, 112 cargadores y cartuchos de diversos calibres, como presuntos miembros del cartel del crimen organizado autodenominado La Familia Michoacana.
