"Las transformaciones necesarias para albergar Río 2016 han sido empleadas por el ayuntamiento y estado de Río de Janeiro como excusa para lanzar proyectos de especulación inmobiliaria a gran escala en estrecha cooperación con grandes consorcios de la construcción. Las mismas empresas que financiaron con grandes sumas las campañas de Paes y Pezao", señaló en entrevista a Sputnik Nóvosti, el arquitecto y coautor del libro "SMH: Desalojos en el Río de Janeiro Olímpico", Lucas Faulhaber.
Con una media de 10.653 reales el metro cuadrado(unos 2.733 dólares), algunos barrios de la zona sur, como Ipanema o Leblón, mantienen un precio medio en torno a los 23.493 reales(unos 6.029 dólares), confirmando la vigencia de una de las mayores burbujas inmobiliarias de toda América Latina y que podría incluso aumentar de cara a Río 2016.
El experto explicó que la burbuja inmobiliaria creada en la ciudad olímpica no sería fruto de la casualidad, sino de "un plan bien estructurado" llevado a cabo por el alcalde, Eduardo Paes, y el gobernador del Estado de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, junto a los grandes consorcios de la construcción.
En su polémico libro lanzado a mediados de 2015, el arquitecto demostró junto a la periodista Lena Azevedo la relación directa entre el desalojo directo de 67.000 personas por parte de la Secretaria Municipal de Habitación(SMH) y las áreas de mayor interés especulativo por parte de los consorcios constructores asociados a Río 2016, principalmente en torno a la favela de la Providencia en el área portuaria de la ciudad.
"En estos momentos número de personas desplazadas por los grandes eventos en Río de Janeiro podría haber superado las 80.000 personas desde 2009, año de la elección del actual alcalde, Eduardo Paes, y en el que la ciudad fue elegida como sede olímpica", aclaró Faulhaber quien en la actualidad se encuentra ultimando un master de planeamiento urbanístico en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).
En su opinión, el argumento empleado por la SMH de que las viviendas demolidas se situaban en zonas de riesgo no sería válido ya que "informes de técnicos independientes constataron que muchas de las viviendas podrían haber sido rehabilitadas fácilmente a un precio menor", además, señaló que otras políticas aplicadas a los subúrbios como las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) serían parte del plan para desplazar la población pobre a la zona norte y oeste de la ciudad.
"Es evidente que la aplicación de la UPP en una favela multiplica el precio del metro cuadrado en la misma y acaba provocando que muchos vecinos tengan que salir de allí y optar por zonas más asequibles lejos de la zona sur de la ciudad que, gradualmente y según los planes del ayuntamiento, se convertirá pronto en zona no apta para los pobres", concluyó el arquitecto.
