Según los resultados, el 42 por ciento está a favor de la propuesta del Gobierno para reformar la Constitución.
"Las encuestas no son nada fiables (…) Esa encuesta se ha hecho seguramente en los centros urbanos, sería interesante saber en las encuestas que se realizan en las comunidades en áreas rurales", dijo a Sputnik Nóvosti el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Edmundo Polo.
Según el legislador, en las áreas rurales vive el 30 por ciento del electorado que ha votado regularmente en favor de presidente Morales.
Pero para la diputada opositora de la Democracia Cristiana Norma Piérola, si bien "es muy pronto" para confiar en los resultados de las encuestas, los resultados del Referéndum Autonómico podrían repetirse en contra del mandatario indígena.
Esta semana el Tribunal Constitucional recibe de manera oficial una nueva consulta por la reforma a la Constitución que, de ser aceptada, dejaría el camino libre para un referéndum el próximo 21 de febrero en el que la población aceptará o rechazará la repostulación de Evo Morales.
La diputada opositora recordó que "esto no quiere decir que el MAS no tenga derecho a postular a otras personas. El Tribunal Constitucional debería rechazarle la pregunta para el referéndum y este intento de cambiar la constitución".
La misma encuesta refleja que entre la población consultada el 44% atribuye al presidente Evo Morales el éxito del fallo en el juicio que Bolivia sigue a Chile en la Corte Internacional de Justica de La Haya.
El analista político Mario Galindo considera que, si bien es muy pronto para adelantar un resultado porque "ninguna tendencia se muestra definida" el presidente Morales tiene ventajas como la de los resultados en La Haya a su favor.
"Va a tener una actitud de ser el protagonista que toma la delantera en términos judiciales y de protagonismo ante Chile, en sentido de que solo un Gobierno prolongado de Evo Morales podría darle continuidad a esta agenda", explica el experto a Sputnik Nóvosti.
Galindo considera que el Gobierno está en una carrera contra el tiempo para que la caída en los ingresos del país que será de 25% en 2016 y de 35% en 2017 no vaya a convertirse en un obstáculo para el referéndum de reformas constitucionales planificado para el 21 de febrero.
