Para el magistrado Hudson las dudas que pueda suscitar el pentobarbital que empleará el verdugo en sustitución del sedante habitual, agotado en Virgina, son infundadas, y además "un nuevo retraso causaría daño suplementario debido al abrumador número de personas que Prieto hirió, violó y asesinó".
Antes de este revés legal definitivo la defensa, encabezada por los abogados Elizabeth Peiffer y Rob Lee, había intentado, sin éxito, que el Tribunal Supremo de EEUU conmutará la pena de Prieto con el argumento de que tiene las facultades mentales disminuidas debido a los traumas causados por una infancia terrible en El Salvador de la guerra civil.
Prieto habría asesinado a nueve personas en los estados de California y Virginia entre 1988 y 1990, entre ellas Rachael A. Raver, de 22 años, a la que secuestró, disparó y violó, y una de cuyas hermanas, Deidre Raver, declaraba al periódico The Journal que ha sido un "largo camino para nosotros".
"La pena de muerte tiene que ser algo extraordinario", añadía, "pero en este caso se trata de una medida justa, teniendo en cuenta lo que hizo".
Entre las víctimas de Prieto también figura Yvette Woodruff, de 15 años, asesinada en Ontario (California), en 1990, y Veronica Tina Jefferson, de 24 años, violada y asesinada en Arlington (Virginia), en 1988.
También se le considera responsable del asesinato de Manuel F. Sermeno, de 27 años, Tony Gianuzzi, de 21, Warren H. Fulton, de 22, Stacey Siegrist, de 19 y, rompiendo su modus operandi en cuanto a la edad tipo de sus víctimas, Lula y Herbet Farley, de 65 y 71 años respectivamente.
Descrito como un sádico y un psicópata por los forenses que testificaron durante su juicio, raptaba a las jóvenes en los aparcamientos de supermercados, bares e institutos, muchas veces en compañía de sus novios y trasladaba a la pareja a un lugar solitario.
Luego ejecutaba a los chicos, y finalmente, hería a las mujeres, violándolas mientras se desangraban hasta la muerte.
