"Se ha tomado la decisión de requerir el acuerdo del Congreso y el 66 % de los votos para desprenderse de la titularidad de los paquetes accionarios", explicó a Sputnik el diputado nacional y presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Juan Carlos Díaz Roig.
La medida fue impulsada en agosto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la coalición oficialista Frente para la Victoria (FpV) garantizó su aprobación en la Cámara Baja.
Con 127 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones, la ley declara de interés público las acciones de empresas donde el Estado sea socio minoritario así como "la protección de las participaciones sociales del Estado Nacional que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad", gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) desde que se estatizaron en 2008 las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
Con parte de estas acciones se configuró el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. "Ese fondo empezó con 100.000 millones de pesos argentinos (10.000 millones de dólares) y ahora ha quintuplicado esa cifra. Un 10 % de ese fondo está constituido por la titularidad de esas acciones", afirma Díaz Roig para sustentar la necesidad de una ley que proteja ese capital.
La normativa aprobada por el Congreso prohíbe la transferencia de esas acciones de empresas privadas o de "cualquier acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad dominio o naturaleza sin previa autorización del Congreso, por los votos de dos tercios de sus miembros".
Según informó el titular de la cartera económica, Axel Kicillof, el Estado participa en 44 empresas privadas y en el directorio de 27 de ellas. Algunas de estas compañías son Telecom, Siderar, Banco Macro, Grupo Galicia, Aluar, Clarín, Edenor, y Gas Natural Ban. Estas dos últimas empresas, que proveen servicios públicos básicos, fueron privatizadas en los años 90, durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
