"El problema del Gobierno colombiano es que quiere regular a Uber bajo las normas que rigen a los taxis, y eso no puede ser, porque nosotros no somos una empresa transportadora. De hecho, prevemos que esa es la propuesta que nos hará el Ministerio de Transporte en octubre y que no podemos acatar, ya que somos una aplicación", dijo a esta agencia la directora de Comunicaciones de Uber en el país, Adriana Garzón.
El pedido más reciente para que se reglamente la operación de Uber en Colombia la hizo el 9 de este mes la Procuraduría delegada para la Vigilancia de la Función Pública, luego de que taxistas acusaran a la firma de brindar un servicio de transporte ilegal e incluso algunos persiguieran a clientes que habían utilizado ese sistema tecnológico para solicitar un vehículo.
Garzón citó como ejemplo el reciente caso de México, "que lanzó la Regulación de Servicios Privados de Transporte a Través de Plataformas Tecnológicas y, dentro de ella, creó una categoría que se denomina Empresas de Redes de Transporte, en la cual se encuentra Uber y otras compañías similares", lo cual contribuyó a aliviar la tensión con los taxistas.
Pero la intención del Ministerio de Transporte de Colombia es presentar el mes próximo un decreto con el cual la firma tecnológica será registrada directamente como empresa transportadora.
Servicio "ilegal"
"Si Uber fuera una competencia leal los estaría llamando para decirles que vamos a trabajar de la mano y en igualdad de condiciones, pero las aplicaciones no lo están haciendo así", dijo a Sputnik Nóvosti el empresario Uldarico Peña, propietario de 60.000 taxis y uno de los principales voceros del sector.
"No generan empleo, no tienen empresas, no tienen vehículos, no tienen nada. Solo cuentan con una plataforma y unas aplicaciones, las cuales nosotros también tenemos en nuestras empresas", añadió.
La compañía conecta a una red de 15.000 conductores particulares que ponen a disposición su vehículo propio como medio de transporte, lo cual es calificado por los taxistas como "un servicio ilegal".
También la ministra de Transporte, Natalia Abello, señaló que "prestar servicios de transporte sin estar habilitados como empresas, sin tener homologación de vehículos y sin regulación de tarifas es algo que está fuera de la ley".
Abello adelantó que desde su Ministerio se trabaja para crear una nueva categoría de servicio de taxis de lujo, con unas especificaciones tanto técnicas de los automóviles como de educación y presentación de conductores para una atención diferencial.
Sin embargo, para Uber esto no soluciona el problema de fondo.
Inseguridad
"Lo que Uber hizo en Colombia fue ponerle luz a un problema que estaba debajo de la alfombra: la inseguridad derivada de un sistema frágil en el que el uso de dinero en efectivo pone en riesgo la vida de los usuarios y de los taxistas mismos a manos de la delincuencia organizada", sostuvo Adriana Garzón.
Garzón lamentó el hecho de que, según le han confiado varios analistas, "el Ministerio de Transporte tiene miedo de avalar el servicio de Uber debido a la reacción que puedan tener los taxistas, ya que saben unirse bien para paralizar una ciudad como Bogotá".
Uber, según confió su vocera a Sputnik Nóvosti, ha realizado una serie de propuestas similares a la implementada por México sin que hasta el momento hayan sido atendidas por el Gobierno colombiano.
La iniciativa prevé el pago al Estado del 1,5 por ciento del valor de cada servicio prestado con el fin de incentivar otros usos de transporte como la bicicleta, así como reconocer económicamente el servicio de intermediación que existe entre los conductores y los usuarios por parte de Uber y por el uso de las vías nacionales.
"Hay que tener en cuenta que sólo el 6 por ciento de la población tiene tarjeta de crédito, lo cual es indispensable para usar el servicio de Uber", añadió, y destacó que su competencia, contrario a lo que puede creerse, es con los vehículos particulares.
Pero para Uldarico Peña tales afirmaciones son una cortina de humo, además, sostuvo que "se están ultrajando (los derechos de) los ciudadanos, los trabajadores, por falta de una reglamentación precisa sobre el tema".
En los 58 países en los que opera, Uber ha recibido una fuerte resistencia.
En la mayoría de estas naciones aún se discuten soluciones, en otras se ha prohibido o se han adelantado acciones legales contra conductores.
En México y en algunas ciudades de Estados Unidos, por el contrario, se alcanzaron acuerdos para su legalización.