Para Venezuela, "es norma fundamental abstenerse de pronunciarse sobre los asuntos domésticos de cualquier Estado soberano", reza la declaración oficial de Caracas.
"Así por ejemplo, sería absolutamente impensable para las autoridades nacionales emitir opinión sobre el tratamiento judicial y las denuncias sobre violación sistemática de los derechos humanos contra el pueblo mapuche; o sobre la impunidad de los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura pinochetista (1973-1990)", abundó el comunicado venezolano.
Leopoldo López fue condenado el día 10 a casi 14 años de prisión por un tribunal de primera instancia como instigador de desórdenes que sacudieron a Venezuela el año pasado y que acabaron con la muerte de 43 manifestantes.
La Fiscalía consideró probada la orientación de López a los ejecutores de los desmanes, mientras que la defensa, con apoyo de una treintena de mandatarios hispanoamericanos, estimó que el proceso estuvo plagado de vicios.
Versiones sin confirmar apuntan a que la jueza que lo condenó, Susana Barreiros, sería designada cónsul de Venezuela en Santiago, lo que motivó las declaraciones de varios parlamentarios chilenos anunciando que en tal caso buscarán que se la declare persona non grata.
