"El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha ignorado los derechos de los indígenas; es un tema ausente de la agenda pública", dijo Belski.
"Hay intereses públicos y privados, de sectores agroindustriales y extractivos, que el Gobierno convalida aunque realicen sus actividades económicas en territorios indígenas", agregó.
La directora de Amnistía en Argentina dijo que estas acciones van en contra a lo establecido en diversos tratados internacionales de derechos humanos, que este país ha suscrito.
"En general, vemos que no hay ningún incentivo para garantizar y reconocer los compromisos que los Gobiernos han asumido cuando ratificaron tratados internacionales sobre derechos humanos", apuntó.
La oficina de Amnistía en Argentina acaba de presentar una página web interactiva con un mapa que recoge los 183 conflictos que acusan las comunidades en exigencia de sus derechos.
El mapa fue realizado en colaboración con varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Servicio de Paz y Justicia Argentina, institución que orienta Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz.
La organización destaca seis conflictos que demuestran "la significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales y nacionales (y los) tratados internacionales de derechos humanos, y su efectiva aplicación", según explican en un comunicado difundido junto con el mapa de conflictos.
Uno de ellos tiene lugar en la provincia de Formosa (norte) con la comunidad indígena Potae Napocna Navogoh, conocida como "La Primavera".
El colectivo exige la devolución y titulación de su territorio, y por este motivo su líder Félix Díaz tiene que responder a varias causas penales abiertas en su contra.
El indígena encabeza desde hace siete meses un acampe en una zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires, sin que todavía haya una respuesta del Gobierno.
"La población indígena en Argentina fue sistemáticamente negada y excluida a lo largo de la historia del país", recuerda la organización en el comunicado.
Los otros cinco conflictos surgieron por la vulneración de derechos de empresas petroleras; por la usurpación de un sitio sagrado por parte de empresarios; por un asesinato impune; por la realización de obras de infraestructura que han inundado territorios; y por el juicio que enfrenta una mujer mapuche que podría ir a la cárcel por resistir un desalojo.
"Por la usurpación de sus territorios a partir del siglo XIX y el despojo de sus tierras y recursos, los indígenas fueron condenados a vivir en situaciones de extrema pobreza, lo que derivó en otras formas de exclusión social", añade el texto presentado junto al sitio web.
Belski recordó que en 2006 Argentina sancionó la ley 26.160, que ordenaba la suspensión de desalojos a pueblos aborígenes, y le ordenaba al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que realizara un relevamiento de las comunidades en el territorio.
"Hace nueve años que se promulgó la ley, pero se ha avanzado muy poco; la normativa tiene dos prórrogas y, según el INAI, han comenzado a relevar a los pueblos originarios, pero hay una demora enorme y no hay información oficial respecto a cuánto se ha avanzado", explicó.
Durante su visita a Argentina en 2011, el relator de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, destacó en un informe la deuda del Gobierno sobre este tema.
"Desde entonces, no ha habido ninguna respuesta del Gobierno para cumplir con las recomendaciones de este relator", aseguró la directora de Amnistía en Argentina.
El Estado argentino reconoce la existencia de al menos 955.000 personas pertenecientes a más de 30 pueblos originarios, pero no existe un relevamiento oficial de las comunidades que habitan en su territorio, así como tampoco de sus principales demandas.
