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LGTBI de Venezuela buscan poder político

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Por primera vez una candidata transgénero, Tamara Adrián, busca ganar un escaño en la Asamblea Nacional de Venezuela para potenciar las luchas de las minorías sexuales, destacaron líderes de la comunidad LGBTI.

"No estamos defendiendo derechos de minorías LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales); defendemos derechos humanos", fue la primera declaración de Adrián en su entrevista con Sputnik Nóvosti.

Nacida como Tomás hace 61 años y con una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia en 2002, Tamara Adrián es profesora de leyes en universidades de Caracas y aspira a ser elegida diputada por la capital en las listas de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD).

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La primera reivindicación de la comunidad LGTBI es "protección integral contra la discriminación, que se manifiesta en el 'bullying' o acoso escolar y en la falta de inserción laboral, así como la lucha contra los crímenes de odio", dijo Adrián.

Le siguen "la protección a la familia y en general el reconocimiento de los derechos de las personas trans", afirmó la candidata, quien invitó "a los compañeros de la otra acera política para que trabajemos juntos a pesar de nuestras diferencias".

En el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la confección de listas para la elección parlamentaria del 6 de diciembre ha dejado heridas abiertas que dirigentes LGTBI como Leonardo Villoria y Koddy Campos tratan de cerrar.

"La comunidad LGTBI hizo una elección primaria con 4.780 participantes, como nos había instruido el PSUV, para escoger a nuestros candidatos a las listas, y yo gané con 63,9 por ciento de los votos", dijo Villoria, un joven comerciante, a Sputnik Nóvosti.

Sin embargo, al elaborar las listas mediante el método de cooptación (selección de los candidatos mediante acuerdos de los miembros del PSUV), "el partido inexplicablemente nos dejó por fuera, lo que constituye un atropello y sobre todo un error político, porque le entrega nuestras banderas a la derecha", afirmó Villoria, dirigente del colectivo oficialista Ejército Emancipador.

"Esta batalla contra la homofobia en el PSUV la hemos perdido", dijo a Sputnik Nóvosti el activista Koddy Campos, "a pesar de que titulares de ministerios, gobernaciones, alcaldías y escaños en la Asamblea son homosexuales, aunque no lo confiesen".

La decisión del PSUV "nos ha dejado sin candidatos y sin argumentos ante el contrario, pero tras este capítulo electoral seguiremos la lucha", dijo Campos.

Activistas de uno y otro bando político dijeron a Sputnik Nóvosti que en el bloqueo de candidaturas influye una especie de lobby de creyentes evangélicos, que cuentan con varios parlamentarios y se oponen a discutir la igualdad de derechos para la población LGTBI.

El pastor evangélico Danny Parra dijo desde la ciudad de Maracaibo (occidente) que promoverá jornadas de oración en plazas públicas y recogerá firmas para que la próxima Asamblea Nacional rechace la discusión de una ley de matrimonio igualitario.

Los activistas LGTBI coincidieron también en que Venezuela, con posiciones más avanzadas que varios de sus vecinos en materia de libertades civiles desde el siglo XIX y gran parte del siglo XX, integra actualmente con Guyana, Paraguay, Perú y Surinam el "club de los rezagados" sudamericanos en atender derechos igualitarios de género.

"Los grupos LGTBI cayeron en la aguda división política que ha vivido Venezuela durante dos décadas, pero llega el momento de actuar unidos para rescatar derechos humanos. El lenguaje de la polarización se acaba y la mayoría quiere respuestas y propuestas de consenso. Para eso buscamos poder político", concluyó Adrián.

En diciembre se elegirán 167 diputados a la unicameral Asamblea Nacional legislativa, en la que el PSUV es mayoría desde hace 10 años, y varias encuestas atribuyen esta vez ventaja a las candidaturas de la MUD.

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