"Estamos batallando para que no se usen las Taser, más con la historia que tiene este país, que fue creador de la picana eléctrica y que se empleó como elemento de tortura durante el genocidio de la dictadura (1976-1983)", explicó a Sputnik Nóvosti el abogado del ODH Demián Konfino.
Todo comenzó en 2010, cuando el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dirige el candidato presidencial Mauricio Macri, emitió dos actos administrativos para la adquisición directa de pistolas Taser X26 como parte de la dotación de armas que tendría la recién creada Policía Metropolitana.
La Defensoría General y organizaciones participantes en el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) se apresuraron a reaccionar con una acción de amparo contra el Gobierno porteño.
"Está confirmado que las Taser son un elemento de tortura y genera casos de taquicardia y problemas de corazón que pueden derivar en la muerte en muchos casos", expuso Konfino.
"El uso de estas armas por parte de la Policía Metropolitana supondría la violación al derecho a la integridad física, a la salud y a la vida", añadió.
Batalla judicial
El ODH obtuvo tres fallos para frenar el uso de las Taser. Primero una medida cautelar, y luego dos amparos en primera y segunda instancia que les dieron la razón.
El amparo suspendió la compra de las pistolas en un momento crucial. El Gobierno porteño ya había resuelto la cantidad de armas y la empresa a la que adjudicarían la compra.
"Nosotros consideramos que el peligro era inminente porque al disponer de las Taser, la Policía podía salir en cualquier momento con ellas", razonó el abogado.
El primer revés llegó en plena campaña para las elecciones a jefe de Gobierno porteño, en abril pasado. "Fue cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, controlado por el macrismo a nivel político, emitió un fallo a favor del Gobierno de la ciudad desestimando el amparo", continuó Konfino.
El ODH presentó entonces un recurso extraordinario con el patrocinio jurídico de la Defensoría General de la Ciudad y el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), La Asamblea Permanente por Derechos Humanos (APDH), la Comunidad Homosexual Argentina (CHA),y organizaciones sindicales como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Y Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE).
Todas estas entidades se han comprometido a presentar un escrito de acompañamiento al pedido del ODH ante la Corte Suprema. Mientras tanto, debe esperarse la resolución del Tribunal Superior porteño, que aceptará o rechazará el recurso extraordinario del Observatorio de Derechos Humanos.
En el caso de un dictamen a favor, el que resuelve finalmente el pedido es la Corte Suprema de Justicia. Si el Tribunal lo rechaza, el ODH planteará otro recurso de queja ante la Corte. Es decir: la más alta instancia judicial será quien tenga la última palabra sobre el caso.
Un instrumento de tortura
Las armas con descarga eléctrica violan la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura.
"Esto es un tema de derechos humanos. Estamos batallando para que no se usen las Taser, más con la historia que tiene este país, que fue creador de la picana eléctrica y que se empleó como elemento de tortura durante el genocidio de la dictadura (1976-1983)", sentencia el abogado del ODH.
"La función para la que están programadas las Taser pude ser resuelta con otros modos que respetan la proporcionalidad de la fuerza. No hace falta torturar a una persona para reducirla o detenerla. Basta con correrla, dar la voz en alto, estar bien físicamente", añadió Konfino.
Después del fallo del Tribunal Superior porteño a su favor, la administración macrista anunció que desistía por el momento de comprar las Taser.
"Estas declaraciones las hizo en el contexto de una campaña, pero no las reflejó en el expediente", observó Demián Konfino.
Según Amnistía Internacional, más de 70 personas han muerto en Estados Unidos y Canadá desde 2001 después de haber recibido la descarga eléctrica de pistolas Taser. Hay más de 40 países que equipan a sus fuerzas de seguridad con estas armas, entre ellos Alemania, Australia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Israel, Malasia, México, Reino Unido y Turquía.
