"Hubo una afluencia de más del 50 por ciento" de los 7,5 millones de electores convocados a votar para renovar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal en Guatemala, anunció el Tribunal electoral, poco después del cierre de los centros de votación, al inicio de un conteo de votos manual que pronostica una larga noche para los guatemaltecos.
Como era esperado por analistas políticos consultados por Sputnik Nóvosti, la reducción en la afluencia de votantes es una consecuencia del escándalo que culminó en la renuncia del presidente Otto Pérez, procesado por encabezar una red de corrupción mediante sobornos a empresarios en las aduanas, tras cinco meses de movilizaciones sociales de un espectro transversal.
En los comicios se eligen presidente y vicepresidente, 158 diputados al Congreso, 20 legisladores al Parlamento Centroamericano y 338 alcaldías, sin embargo, no se espera un ganador esta noche para ocupar el sillón presidencial, y los dos candidatos mejor posicionados que resulten, disputarán un balotaje el 25 de octubre.
Las nuevas autoridades llegarán con un mandato deslegitimado —a partir del 15 de enero de 2016, cuando tomen posesión-, "tendrán un limitado margen de maniobra, con espacios de negociación muy reducidos, tanto por una actitud judicial autónoma del Ministerio Público contra la corrupción, y la prensa seguirá su fiscalización que limitará a cualquiera que resulte electo", dijo el miembro del Grupo Semilla, integrado por intelectuales independientes.
"La gran pregunta es si, en ese marco de crisis, el próximo gobierno termina el mandato de cuatro años: la respuesta de los analistas más respetados es que un escenario de crisis continua, con alto nivel de incertidumbre, impediría al nuevo gobierno terminar su mandato", anticipó Arévalo, exdirector de estrategias participativas para la construcción de la paz y el desarrollo de la ONU en Ginebra (PNUD-Interpeace).
El nuevo gobierno "será electo legal y formalmente, pero con un record de ilegalidades conectadas al pasado que lo harán ilegítimo, sumamente débil", dijo el autor de libros sobre solución de conflictos y control democrático.
Las investigaciones independientes estiman que el financiamiento de las campañas, en las cuales no hay recursos públicos asignados, el 75 por ciento proviene de dinero ilícito, un 50 por ciento de la corrupción y 25 por ciento del narcotráfico.
El clamor ciudadano que exige el fin del sistema de impunidad en Guatemala se refleja en un abstencionismo y voto nulo, dijo a Sputnik Nóvosti la jueza anticorrupción Claudia Escobar, quien pidió licencia para salir del país por amenazas a su vida.
La magistrada de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil tuvo que abandonar su país en enero de este año para preservar su vida al asumir el caso de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien terminó en prisión en mayo, mientras el presidente Pérez renunciaba tres días antes de los comicios por el mismo caso de corrupción aduanal conocido como "La Linea".
"Existe una gran frustración de ciudadanía porque en el contexto actual de corrupción e impunidad no existen condiciones para la viabilidad de un nuevo gobierno que va a continuar bajo las reglas de un sistema caducado" dijo la magistrada vía telefónica desde un país que pidió no revelar por razones de seguridad.
