El informe de 92 páginas "Justicia Fallida en el Estado de Guerrero" ha sido elaborado por investigadores de la Open Society Justice Initiative (OSJI), con el apoyo del jesuita Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín SJ (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", nombre autóctono del reino indígena de Guerrero.
La exhaustiva investigación que comenzó en 2013 ofrece "la más completa evaluación hasta la fecha de los problemas estructurales que enfrenta el sistema de justicia penal de Guerrero", basado en entrevistas en primera persona con fiscales, policías, políticos locales y defensores de los derechos humanos.
"Guerrero es uno de los numerosos estados mexicanos que han sido tomados por asalto por la corrupción y la violencia", ha escrito James A. Goldston, director ejecutivo de OSJI, en la presentación de la investigación financiada por millonario filántropo George Soros.
El montañoso Guerrero, recostado en las costas del océano Pacífico, un enclave de producción ilegal de amapola y marihuana, está enfrentando a "una crisis de casi total impunidad para graves violaciones de derechos humanos; donde "restaurar la confianza pública en la seguridad y en el estado requiere de un correcto funcionamiento del sistema de justicia penal", que debe ser documentado con precisión.
El reporte incluye datos actualizados sobre los delitos y las investigaciones en Guerrero, procedentes de decenas de solicitudes de acceso a la información, sobre 19.434 homicidios denunciados a los fiscales desde 2005 a 2014, que lo hacen el estado más violento en el país.
Los fiscales abrieron 10.921 investigaciones por homicidio intencional o no intencional, lo cual derivó en sólo 2.391 acusaciones y en únicamente 1.269 condenas, recuenta el reporte.
Además, entre 2011 y 2013, hubo 77 muertes bajo custodia en las cárceles de Guerrero, sin que esto derivara en ninguna investigación penal.
En cuanto a desapariciones forzadas: la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha documentado 90 casos de desapariciones forzadas e involuntarias, entre 1990 y 2014.
Sin embargo, los fiscales no han iniciado investigaciones penales en ninguno de esos casos, pero recibieron 44 casos adicionales, y sobre todo "ninguno de ellos ha dado lugar a acusaciones, no ha habido ninguna detención".
El recuento de torturas reseña que la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha documentado 54 casos de tortura, entre 1994 y 2014.
In embargo, "los fiscales no han emitido ninguna acusación por ese delito, y tampoco ha habido condenas por tortura".
El informe atribuye la crisis de la impunidad en Guerrero a un fallo político, ya que "la erosión de los controles y equilibrios, elementos que son parte esencial en un sistema de justicia que funciona".
Asimismo, llega a la conclusión de que "los fiscales estatales, jueces y policías se han alineado con los estrechos intereses de los líderes políticos del estado, en lugar de proteger a la población mediante la investigación y la persecución de los delitos".
La interferencia política también ha inhabilitado la capacidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado para enfrentarse a la inacción oficial.
También detalla otras deficiencias graves, entre las cuales se incluyen la falta de servicios forenses independientes, un sistema débil o inexistente de protección de testigos, la dependencia de la tortura por parte de los fiscales para obtener confesiones.
Existen en el sur de México "lagunas fundamentales en el marco legal para la persecución de la tortura y las desapariciones forzadas; falta de coordinación entre los fiscales del estado y sus análogos federales; falta de servicios de defensa legal confiables; y un sistema penitenciario disfuncional", concluye la presentación del extenso informe.
