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Argentina juzga por primera vez a un empresario por crímenes dictatoriales

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El empresariado de Argentina estuvo "claramente articulado" con la última dictadura del país (1976-1983), dijo este jueves a Sputnik Nóvosti el abogado de una de las víctimas de detenciones ilegales y torturas instigadas por un empresario cuyo juicio acaba de comenzar.

"El empresariado estaba claramente articulado con las fuerzas policiales", afirmó el jurista Óscar Rodríguez en referencia a Marcos Levín, dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte que está imputado por la persecución, detención ilegal y tortura en 1977 de Víctor Cobos, uno de sus empleados.

El juicio oral y público contra Levín, que comenzó el lunes en la norteña ciudad de Salta, es el primero en el que se acusa a un empresario de crímenes de lesa humanidad del período de la dictadura.

Según Rodríguez, de las declaraciones de los primeros testigos surge el vínculo entre el empresario y las fuerzas de seguridad de la ciudad en la que Levín era propietario en 1977 de la empresa de autobuses.

El abogado representa a Víctor Cobos, quien era por entonces chófer, delegado sindical en La Veloz del Norte y dirigente del sindicato Unión Tranviarios Automotor, en virtud de lo cual había encabezado reclamos por mejoras laborales.

Comenzó entonces a ser perseguido hasta que fue detenido el 22 de enero de 1977 y sometido a torturas.

"Levín logró por intereses propios que la policía lo secuestrara y torturara", dijo Rodríguez.

También están imputados Víctor Hugo Bocos, expolicía y empleado de la firma La Veloz del Norte, el exagente Enrique Cardozo y el exjefe de la Comisaría Cuarta, Víctor Hugo Almirón, según la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas.

Durante la primera audiencia, el empresario se negó a prestar declaración, algo que sí hizo Cobos, quien, de acuerdo a su abogado, fue hostigado por la defensa de Levín durante el proceso.

"La víctima no solo fue muy clara en su testimonio, sino que además tuvo que soportar preguntas inadecuadas e impertinentes" de los abogados de Levín, señaló Rodríguez.

Según la acusación contra Levín, este logró que la Policía local detuviera a 22 de sus empleados, incluido Cobos, acusándolos de una supuesta estafa.

Quince de ellos fueron torturados y llevados en presencia de un juez que los estimulaba a que firmaran una confesión, mientras los policías los amenazaban con la muerte y la desaparición.

El abogado de Cobos, de la no gubernamental Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, informó que otra extrabajadora de la empresa, Sonia Ríos, explicó "con mucha claridad, dolor y miedo, cómo (los policías) prendían una radio para ahogar los gritos de los torturados".

Ríos también fue detenida y torturada por pedido de Levín, y en las próximas audiencias declararán otros siete testigos, señaló Rodríguez.

Todos los acusados permanecen libres.

Otros 11 procesos orales y públicos se encuentran en curso actualmente en Argentina, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.

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