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Amnistía Internacional vincula al agronegocio con el asesinato de líder indígena en Brasil

© Flickr / percursodaculturaGuaraní-kaiowá en el estado de Matto Grosso do Sul
Guaraní-kaiowá en el estado de Matto Grosso do Sul - Sputnik Mundo
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La delegación en Brasil de Amnistía Internacional condenó este lunes el asesinato el pasado 29 de agosto del líder indígena del pueblo guaraní-kaiowá, Simiao Vilhalva.

El hecho tuvo lugar durante un ataque de granjeros locales a las tierras ocupadas por la comunidad Ñanderú Marangatú en el municipio de Antonio Joao, en el estado de Matto Grosso do Sul.

Como denuncia la ONG, las tierras ocupadas por la comunidad se encontraban registradas legalmente como territorio indígena desde 2005, sin embargo, "la suspensión de los efectos de la homologación por la Justicia " seguido de una orden de desalojo "que expulsó a los indígenas de sus tierras" había provocado que los indígenas retomasen sus tierras tras 10 años de espera, lo que provocó la ira de los terratenientes de la región.

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En declaraciones a Sputnik Nóvosti, la asesora de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Brasil, Fátima Mello, alertó sobre el peligro de que las autoridades locales intentasen algún tipo de encubrimiento de los responsables del asesinato, probablemente ligados a sectores del agronegocio, y solicitó una investigación independiente por parte del Ministerio Público de Matto Groso do Sul.

"Hemos recibido informaciones por parte de nuestros contactos en el Consejo Indígena Misionario (CIMI) en el que se nos advierte sobre cierta connivencia entre las autoridades de la región, tanto policía como políticos, y los responsables del crimen", afirmó Mello quien insistió en el papel del Ministerio Público Federal como "un gran aliado de los indígenas brasileños en sus conflictos contra terratenientes en varios puntos del país".

Sin embargo, Mello reiteró las críticas vertidas por Amnistía Internacional al respecto de la posición de pasividad mantenida por el Gobierno de Brasil en este y otros conflictos indígenas en Brasil, como puede ser el caso de la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte en el estado de Pará, y que le habría valido críticas incluso del propio Ministerio Público Federal.

"Resulta evidente el interés de determinados sectores del Gobierno de Brasil que impiden la aplicación de la Constitución de 1988 sobre los derechos indígenas en el país así como el desarrollo de políticas agrarias que benefician a las grandes transnacionales con la colaboración de los grandes y medianos propietarios de tierras del interior del país", recordó la activista en referencia a la poderosa "bancada ruralista" vinculada a las multinacionales del agronegocio en el Congreso Nacional.

En este sentido, Mello insistió en que la fuerte extensión del monocultivo de la soja estaría directamente relacionada con el aumento del número de heridos y fallecidos en conflictos agrarios envolviendo a indígenas en el estado de Matto Grosso do Sul, territorio que en los últimos años se ha constituido como el principal productor de soja de Brasil con una producción récord en la cosecha de 2015 de 6.890 millones de toneladas.

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