“Necesitamos hacer toda la fuerza para que se vayan los políticos, todos afuera, la Constitución tiene los mecanismos para que otras personas suplan al presidente y se posterguen las elecciones hasta que se depuren los partidos políticos, que están totalmente rechazados por la población. No hay por quién votar”, enfatizó el activista Rubén Mendoza.
El reclamo de postergar las elecciones viene encadenado al pedido de derogar la ley de partidos políticos porque, según la Asamblea Social y Popular, estos no representan al pueblo y además muchos de sus candidatos han sido parte de “los organismos del crimen organizado como La Línea”.
El caso de La Línea es un esquema de defraudación aduanera en los puestos de Puerto Quetzal, Santo Tomás y la Aduana Central, en el que están involucrados Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, presa desde esta semana.
Las marchas de este jueves reunieron a cerca de 100.000 personas en todo el país, más de 40.000 de ellas en la capital, y se sumaron a bloqueos pacíficos de carreteras, según Mendoza.
“Las manifestaciones son alegres, la gente está contenta de haber armado esta gran movilización y de lograr que otras personas, que en otras ocasiones nos acusan de indios, ahora nos apoyen”, festejó.
Las protestas nacieron como reacción a los frecuentes escándalos de corrupción en el que aparecen involucradas autoridades y dirigentes políticos.
El Ministerio Público (fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala presentaron este mes grabaciones de conversaciones entre Pérez Molina y un funcionario muy vinculado a La Línea y solicitaron al Congreso legislativo que habilite el procedimiento para despojar al mandatario de su inmunidad y permitir que sea juzgado.
SE SUMAN LOS EMPRESARIOS
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (CACIF) se pronunció a favor de las movilizaciones y llamó a las empresas a facilitar horarios para que sus empleados asistieran a las mismas.
Sin embargo, para los organizadores de la marcha el sector empresarial es “tradicionalmente traicionero” y “responsable de la decadencia del sistema político” en Guatemala, dijo Mendoza.
“Ante esta arrolladora acción del movimiento social de estar en las calles hace meses, el CACIF no puede ir en contra de la población, ellos públicamente dicen una cosa pero sus negociaciones con este gobierno o los otros son otras”, concluyó Mendoza.
Este jueves fue visible en la capital guatemalteca la adhesión a la movilización de los restaurantes de cadenas internacionales de comida rápida, que cerraron sus puertas.
