“Entendemos que el Gobierno debe levantar el decreto, que es antidemocrático, autoritario, que recoge normas tristemente célebres de la época de la dictadura (y) que coartan o prohíben el derecho de huelga”, dijo el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), Manuel Oroño.
En el marco de un conflicto por el presupuesto educativo para los próximos cinco años, y luego de 10 días de huelga de los docentes de educación secundaria, las autoridades decretaron el lunes 24 que los servicios educativos son esenciales y por tanto no pueden paralizarse.
Este decreto, que no se aplicaba para la educación desde la dictadura militar (1973-1985), obliga a los docentes a dictar clases, bajo pena de sufrir sanciones administrativas.
La medida rige por 30 días y fue resuelta luego de que asambleas sindicales rechazaran un preacuerdo salarial por dos años que habían logrado el viernes 21 las autoridades con delegados de los sindicatos.
Marcelo Abdala, secretario general de la central sindical PIT-CNT, expresó su “rechazo contundente, en todos sus términos”, al decreto por razones tanto jurídicas como políticas.
“Razones jurídicas porque (el decreto) no va en línea con lo que establece la OIT; y razones políticas porque es un gesto complicado, una señal muy negativa en la perspectiva de un país que viene avanzando porque hay un bloque social y político” que lo sostiene, indicó.
Abdala aseveró que el PIT-CNT se reunirá el martes 1 de setiembre con representantes de la OIT que estarán de visita en Uruguay. “Vienen por otras razones, pero aprovecharemos para plantear esto”, explicó.
Mientras, continuaron este jueves las medidas de huelga en el sector, a las que se sumó un paro general parcial convocado por el PIT-CNT, ocupaciones de más de 50 liceos en todo el país y una manifestación por el centro de Montevideo, protagonizada por profesores y estudiantes.
“Estamos negociando, movilizados, y aparece el decreto de esencialidad que contraviene la normativa nacional e internacional, lo que significó que los sindicatos, no solo de la enseñanza, sino todos los sindicatos del Uruguay, se pronunciaran en contra”, dijo Oroño.
DECRETO CONSTITUCIONAL
Expertos en derecho laboral y constitucional del oficialismo y de la oposición discreparon de la postura de los sindicatos y pusieron en duda el papel que pueda jugar la OIT.
Para el abogado constitucionalista José Korzeniak, exsenador de la gobernante coalición de izquierdas Frente Amplio, hablar de “prohibición del derecho de huelga” es “solo una frase”, ya que “todos los decretos de esencialidad traen como consecuencia que el Gobierno procura que se cese el ejercicio de la huelga”.
Según el catedrático, el decreto está “desde luego” permitido por la Constitución, por lo cual “no tiene sentido decir que es ilegal o inconstitucional”.
La diputada del opositor Partido Nacional (centroderecha), Ana Lía Piñeyrúa, ministra de Trabajo del Gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y directora de la OIT para Argentina y Bolivia entre 2000 y 2008, subrayó que el organismo internacional “siempre ha sido bastante restrictivo para admitir la esencialidad”.
Según Piñeyrúa, la OIT siempre se ha referido a la esencialidad en servicios cuya interrupción “ponga en riesgo la salud, la seguridad o la vida de las personas”.
Aunque no es el caso de la enseñanza, Piñeyrúa estimó que la OIT debería ser “más flexible”, ya que “la educación debería estar contemplada, por el interés superior de los niños y los jóvenes”.
La diputada cuestionó además “el valor moral y ético” de la central sindical, que en esta oportunidad recurre a la OIT, pero que no se pronunció el año pasado ante un fallo del organismo que favorecía a los empresarios frente a los trabajadores.
Piñeyrúa agregó además que las resoluciones de la OIT no tienen consecuencias jurídicas para los gobiernos, pues “no tiene poder para obligarlos a hacer nada” y recordó que “no hay ningún convenio de la OIT que hable del derecho de huelga”.
SALARIOS Y PRESUPUESTO
Los sindicatos de la enseñanza reclaman que el presupuesto para la educación pública aumente “a seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”, un compromiso del “actual presidente Tabaré Vázquez durante la campaña electoral, que se debería confirmar en los hechos”, dijo Oroño.
Los sindicatos piden asimismo un salario mínimo de 30.000 pesos (1.071 dólares) y un acuerdo salarial por cinco años.
El gobierno propone 4,8 por ciento del PIB en los próximos dos años, llegar a cinco por ciento en 2018 y a seis por ciento en 2019.
La propuesta del Gobierno incluye llevar el salario mínimo docente a 25.000 pesos (892 dólares) para 2020, y entregar un incremento de 179,4 millones de dólares para la educación en los próximos dos años, lo que constituye un 39 por ciento de todos los aumentos presupuestales para 2016 y 2017.
