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Médicos antiabortistas de Uruguay ganan juicio al Estado

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Los ginecólogos de Uruguay podrán negarse a cumplir cualquier procedimiento vinculado a la práctica de un aborto, según un fallo inapelable que este viernes amplió el alcance de la objeción de conciencia prevista en la ley que despenalizó la interrupción del embarazo en este país.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo, adoptada en 2012, "no está en cuestión. La ley es la ley y no la pueden cambiar", dijo a Sputnik Nóvosti la activista feminista Lucy Garrido, de la organización Cotidiano Mujer.

Pero acceder a un aborto no es automático. La mujer interesada debe manifestar su intención a su médico, luego sostener una entrevista con un equipo interdisciplinario que le informará sobre las alternativas (dar a su hijo en adopción) y los riesgos, y tomarse cinco días de reflexión antes de la decisión final.

A partir del fallo de este jueves, los ginecólogos podrán negarse a tomar parte en cualquiera de esas actividades, incluso en la simple derivación a otro médico.

La sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo hace lugar a la impugnación de siete de los 41 artículos del decreto reglamentario de la ley.

En virtud de esos decretos, los médicos podían hasta ahora manifestarse en contra de practicar el aborto, y debían hacerlo por escrito, si les tocaba practicar un legrado o recetar una píldora abortiva.

Pero estaban obligados a atender la consulta de la mujer interesada, derivarla a otro especialista, participar del equipo interdisciplinario y firmar el formulario de consentimiento informado de la paciente.

"Como la ley está vigente, el Estado es el que tiene que garantizar que el derecho de las mujeres no se vea tocado por defender el derecho de los objetores de conciencia", advirtió Garrido.

"Esta no es cualquier ley", recordó Garrido. "Es un lindo momento para recordar que esta es una ley que nadie puede tocar, y que además la gente se manifestó para que no la tocaran", sentenció.

Una consulta popular, habilitada mediante las firmas de dos por ciento del padrón electoral, convocó a la ciudadanía el 23 de junio de 2013 a decidir si era necesario un referéndum para aprobar o rechazar la ley de despenalización del aborto.

Solamente acudieron a votar 8,9 por ciento de los habilitados, "pese a que los dirigentes de todos los partidos, y eso incluye (al actual presidente) Tabaré Vázquez, llamaron a ir a votar", observó Garrido.

© AP Photo / Matilde CampodonicoManifestación en contra de la legalización del aborto en Montevideo
Manifestación en contra de la legalización del aborto en Montevideo - Sputnik Mundo
Manifestación en contra de la legalización del aborto en Montevideo

Desde que la ley está en vigor, ha habido denuncias de dificultades para acceder al servicio en algunos lugares del interior del país, donde los pocos médicos disponibles se niegan a practicar abortos alegando cuestiones de conciencia.

Según un estudio realizado por la organización no gubernamental Mujer y Salud en el Uruguay, en tres departamentos del oeste y noroeste del país, Salto, Soriano y Paysandú, 80 por ciento de los ginecólogos se ampararon en la objeción de conciencia.

Uruguay no tiene falta de ginecólogos, pero la gran mayoría se concentran en la capital y algunos departamentos cuentan con muy pocos.

El fallo de este viernes puede agravar esas falencias.

"¿Cómo se garantiza el derecho de la gente?", cuestionó Garrido. "Capaz que hay que hacer lo mismo que en el primer gobierno de Vázquez (2000-2005), cuando llamaron a los oftalmólogos cubanos" para que practicaran cirugías oculares gratuitas a la población sin recursos, ironizó.

"Sería el colmo que Uruguay, con tantos ginecólogos y tanta buena medicina, necesite médicos cubanos" para "garantizar el derecho que tienen las mujeres", continuó la activista.

En una reacción inmediata al fallo, las autoridades del Ministerio de Salud Pública dijeron en conferencia de prensa que se realizarán todas las coordinaciones necesarias para que "todas las instituciones de salud" cuenten con ginecólogos y asistentes sociales que puedan asegurar el servicio.

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El ministro de Salud, Jorge Basso, subrayó que "la sentencia mantiene el derecho de interrumpir el embarazo durante las 12 primeras semanas".

La demanda de impugnación fue presentada al tribunal por unos 100 ginecólogos para quienes el decreto restringía "ilegítimamente el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia del personal de salud", según cita el diario El Observador.

El fallo "es contundente en la defensa de la libertad y del ejercicio de la profesión médica" porque permite que la objeción se practique "en su máxima expresión", dijeron los abogados de los demandantes, Gianni Gutiérrez y Agustín Amonte, al periódico.

Uruguay es el único país de América del Sur y uno de los pocos de América Latina que autorizan la interrupción voluntaria de la gestación hasta la semana 12.

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