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Con la ley mordaza, la línea entre lo legal y lo ilegal queda borrosa

© Flickr / PopicinioProtesta contra la ley mordaza (archivo)
Protesta contra la ley mordaza (archivo) - Sputnik Mundo
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Cuando se trata de la nueva Ley de seguridad ciudadana, la línea entre lo legal y lo ilegal queda difusa y no existe autoridad que determine qué es lo que infringe la ley, una organización defensora de derechos humanos comentó a Sputnik.

"Nadie sabe", según Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional España, quién es responsable de decidir si la publicación de una fotografía efectivamente perjudica una operación policial o no.

Protesta contra la ley mordaza en Madrid - Sputnik Mundo
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Aún queda por verse cómo los tribunales interpretarán la ley mordaza
Si la distribución de la imagen "no está autorizada, entonces se puede cursar una multa", dice Jovtis; aunque el problema es "¿quién tiene la autoridad de distribuir esta imagen? Y lo segundo: la multa se puede imponer cuando el éxito de una operación se pone en riesgo, ¿pero cómo se define el éxito? La ley no lo estipula, por lo que creemos que es demasiado amplia".

Además, Jovtis dice que ahora que la ley mordaza entró en vigencia, los jueces dispondrán de menos evidencia en tribunales ya que la gente no podrá tomar fotografías de lo que ven pues podría ser ilegal.

Otro problema es que no se documentará la violencia excesiva de la policía.

Lea más: Continúan las multas en España por la ley mordaza

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La ley mordaza llevará a una restricción desproporcionada de derechos
Desde su entrada en vigor el 1 de julio, la Ley de Seguridad Ciudadana considera como falta leve la desobediencia a la autoridad y escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.

Además califica como falta "grave", con penas de 600 a 30.000 euros, el "uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto fundamental al derecho a la información".

La norma también considera falta grave impedir un desalojo o hacer uso no autorizado de imágenes de integrantes de las fuerzas de seguridad.

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