"No fue un acto demencial del subteniente (Telmo) Hurtado (el principal ejecutor), sino una orden militar estrictamente funcional a la estrategia que en 1985 desarrollaban las Fuerzas Armadas de Ayacucho", región donde se encuentra Accomarca, para la "eliminación física de carácter indiscriminado de personas que sospechaban que pertenecían a Sendero", explicó Rivera.
El 14 de agosto de 1985 un grupo de soldados asesinaron a 69 campesinos, entre ellos 23 niños, en la localidad andina de Accomarca, suroeste del país, por su supuesta vinculación con el grupo guerrillero y extremista Sendero Luminoso. Se emplearon armas de guerra, granadas y fuego contra personas desarmadas que se encontraban en sus casas.
Las patrullas que cometieron el crimen, Lince 6 y Lince 7, eran dirigidas por los subtenientes Hurtado y Juan Rivera Rondón, y su acción se conoció un mes después, cuando dos testigos la denunciaron en el Congreso.
El proceso penal, que comenzó hace cinco años tras una prolongada lucha de los sobrevivientes por justicia, se encuentra en su fase final.
La próxima semana comenzarán los alegatos de la defensa, que tomarán un mes y medio, y a mediados de octubre el tribunal debería dictar sentencia, estimó Rivera.
El proceso es también notorio porque entre los acusados se encuentran "tanto quienes dieron las órdenes como los oficiales que las ejecutaron, un elemento importante que no suele darse en otros casos de violación de derechos humanos", agregó Rivera, coordinador del área jurídica del Instituto de Defensa Legal (IDL).
De los 28 acusados, "17 están presentes en el juicio, 11 en condición de prófugos y tan solo uno detenido", explicó.
El papel de Alan García
El proceso permitió dilucidar el papel que jugó el entonces presidente Alan García, que había asumido el cargo apenas dos semanas antes de la masacre y que también prestó declaración ante la justicia.
"Se ha demostrado que el expresidente García tomó algunas decisiones contra los militares que habían perpetrado el crimen. Destituyó a los jefes del comando político militar de Huamanga y de Ayacucho, quien ahora es el principal implicado en el caso, el general Wilfredo Mori", explicó Rivera.
Más tarde, una comisión investigadora del Congreso identificó a Hurtado como el principal ejecutor, por lo cual fue denunciado ante la justicia, pero su caso terminó ante un tribunal militar.
Hurtado no solo confesó su participación, sino el cumplimiento de órdenes superiores, pero fue condenado en 1992 por la justicia castrense a seis años de prisión por abuso de autoridad y falso testimonio y absuelto de los cargos de homicidio y desobediencia.
En 1995, el entonces presidente Alberto Fujimori promulgó una ley de amnistía para todos los militares denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas desde mayo de 1980, año en que Sendero comenzó sus acciones violentas.
Hurtado obtuvo entonces su libertad y siguió su carrera militar hasta el grado de mayor, además de ser condecorado.
En 2002, a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la justicia ordinaria reabrió la causa y Hurtado huyó a EEUU. Fue detenido en 2007, acusado de falso testimonio para la obtención de su visa, y extraditado a Perú en 2011.
En julio de 2011 se inició el juicio penal contra Hurtado, y en abril de 2012 el acusado reconoció su responsabilidad en 31 de los 69 asesinatos.
Daños irreparables
Además de los muertos, decenas de sobrevivientes que escaparon de milagro de la matanza, han sido olvidados por el Estado, según Rivera. Se está discutiendo la necesidad de establecer un "verdadero proceso de reparación", dijo.
Durante el segundo gobierno de García (2006-2011) se establecieron criterios de reparación económica "bastante cuestionados", pues fijaron un monto promedio de 10.000 soles (3.200 dólares), "una cantidad mínima, que no alcanza para reparar a familias que han perdido a varios de sus miembros", sostuvo el abogado.
"Había expectativas de que el actual Gobierno de (Ollanta) Humala ampliara esa cantidad, triplicándola, pero lamentablemente no se ha producido", aseveró.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación, que investigó los principales crímenes cometidos por Fuerzas Armadas y guerrilleros durante la guerra interna (1980-2000), estimó la cantidad de víctimas mortales en 69.280. En ese período gobernaron tres presidentes, Fernando Belaúnde (1980-1985), García (1985-1990) y Fujimori (1990-2000).
