Las víctimas debieron viajar colgados y apretujados en camiones, camionetas y taxis improvisados, bajo custodia militar, con la sensación creciente de que el país es rehén de las pandillas criminales, que lo han llevado a convertirse en uno de los más violentos e inseguros del mundo.
El paro fue organizado por la Mara Salvatrucha 13, el Barrio 18 facción Sureños y la 18 Revolucionarios, un desprendimiento de Barrio 18, en un intento para exigir al gobierno una nueva tregua, como la que se firmó en 2012. Sin embargo, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén no ha dado señales de ceder ante la exigencia de las maras, por el contrario, el fiscal general Luis Martínez llamó a realizar reformas legales para declarar a estas organizaciones terroristas.
Así fueron creciendo hasta tener la fuerza de paralizar durante cuatro días el transporte de un país, con los jefes dando las órdenes desde las cárceles, al tiempo que se han extendido por todo América Central, ramificándose en bandas a cual más violentas, como Los Zetas de Guatemala y Honduras.
