La crisis de Calais, donde se concentran hasta 5.000 individuos con la esperanza de solicitar asilo político al llegar a Reino Unido, está repercutiendo en el negocio de las empresas con camiones y contenedores que utilizan diariamente los servicios ferroviarios del Eurotunnel o de las compañías navieras en terminales de ambos países.
El gobierno de Londres sanciona a empresas y conductores hasta 2.000 libras por cada clandestino detectado en un camión.
La multa se mantiene incluso cuando el camionero informa a las autoridades de la presencia de inmigrantes en su vehículo, anulando cualquier incentivo del gremio para colaborar con los agentes fronterizos.
Los datos desvelados hoy confirman que el número de multas se dispararon de 998 en el periodo 2012-2013 a 3.319 en el ejercicio actual.
Algunas empresas se enfrentan a facturas de 36.000 libras en penalización por los inmigrantes que lograron colarse en su flota de camiones, según denunció a la BBC la abogada especialista en transporte por carretera, Joanne Witheford.
El gobierno de David Cameron anunció en las últimas horas que un viejo aeropuerto de Kent será utilizado provisionalmente como aparcamiento de camiones para descongestionar el tráfico en la autovía y otras carreteras próximas al puerto de Dover.
James Hookham, gerente de la FTA, señaló que "esta medida temporal puede aliviar el problema" pero, según recalcó, "solo es una parte de la más amplía cuestión de los continuos disturbios en Calais y la ausencia de zonas de descanso para los conductores en Kent".
"Urgimos al Gobierno a que continúe trabajando con sus homólogos franceses para resolver la crisis de migrantes", demandó Hookham en un comunicado.
Los transportistas reclaman inmunidad siempre que tomen las precauciones debidas con la seguridad de sus vehículos y denuncian la injusticia de las medidas vigentes, que implican en la práctica asumir la función de la policía de fronteras.
