El gasto en camas, sofás, mesas o televisiones correrá a cargo de la Secretaría Municipal de Vivienda del Ayuntamiento y no del Comité Organizador, como estaba previsto en un principio, aunque desde la alcaldía remarcan que en realidad se trata de un préstamo a los Juegos, ya que todos esos muebles serán destinados después a viviendas de uso social.
La principal villa olímpica, la Villa de los Atletas, está situada muy cerca del parque olímpico de Barra de Tijuca y acogerá a más de 15.000 deportistas de todo el mundo, que disfrutarán de piscinas, jardines y buenas vistas hacia las lagunas de la zona y el mar.
Se trata de 31 torres levantadas por empresas privadas que cuando terminen los Juegos Olímpicos se convertirán en una zona residencial de lujo, excepto una pequeña parte que irá destinada al proyecto de vivienda social del Gobierno "Minha Casa, Minha Vida" (Mi Casa, Mi Vida").
A pocos días para el 5 de agosto, cuando faltará un año para que arranquen los Juegos, las autoridades públicas de la ciudad se esfuerzan en transmitir el mensaje de que el macroevento deportivo dejará un importante legado en la ciudad.
En esta línea, el secretario del Gobierno de Río, Pedro Paulo Carvalho, divulgó este miércoles algunas ideas para que los recintos deportivos no queden abandonados cuando se apague la llama olímpica: dos estadios del parque de Barra de Tijuca se transformarán en centros de alto rendimiento para deportistas de élite y en una escuela pública centrada en el deporte.
El estadio de balonmano se desmontará completamente y dará lugar a cuatro escuelas que se podrán distribuir en otros tantos barrios de la ciudad, y el parque de Deodoro, donde se disputarán pruebas de ciclismo o hípica, entre otras disciplinas, se convertirá, con sus 500.000 metros cuadrados, en la segunda mayor área verde de la ciudad.
Por el momento el Ayuntamiento aún no ha detallado cómo se financiará toda esa transformación, aunque los responsables confían en consorcios público-privados para que las empresas exploten esos espacios durante al menos 15 años y ayuden así a aliviar las cuentas públicas.
