El secretario general de la OEA, Luis Almagro, instó además a adoptar mecanismos para asistir a las personas desplazadas, "en especial las más vulnerables", aunque el organismo hemisférico indicó que no puede especificar cifras.
Almagro también sugirió que el diálogo sea facilitado por la OEA, que debería además "apoyar el registro de migrantes" mediante su Programa de la Universalización de la Identidad Civil de las Américas.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que hasta 200.000 personas podrían ser expulsadas de República Dominicana a Haití, incluso sin tener nacionalidad haitiana pues nacieron en territorio dominicano, a raíz de una nueva política migratoria aplicada por Santo Domingo.
Esta política obedece a una sentencia judicial de 2013, según la cual los nacidos en República Dominicana de padres extranjeros sin permiso de residencia no pueden ser considerados ciudadanos de este país, una medida que ha determinado el retiro de la nacionalidad a miles de dominicanos de origen haitiano.
Almagro formuló sus recomendaciones en una reunión del Consejo Permanente de la OEA en la que se discutió un informe presentado por una misión técnica que visitó los dos países entre el 9 y el 14 de este mes.
La misión tenía entre sus principales cometidos "recabar información sobre el número de personas" afectadas y "su situación migratoria".
Sin embargo, la misión debió reconocer que existen "diferentes cifras sobre el número de personas que han cruzado la frontera", pero que "es difícil" confirmarlas.
Por tanto, los integrantes de la misión se abocaron sobre todo a redactar "una crónica exhaustiva de los puntos de vista de los actores de ambos países, así como observaciones de carácter general".
Entre esas observaciones, los enviados constataron que hay "personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad reconocida", así como "desplazamientos de poblaciones que sobreviven en condiciones precarias".
En junio, el Acnur había manifestado sus objeciones a República Dominicana por el carácter restrictivo de las nuevas normas.
