La proposición de ley del PP asegura que "para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales".
En este caso, "los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil".
Los socialistas del PSOE denunciaron hoy que la nueva ley es inaplicable ya que hace imposible cumplir los plazos legales antes de que un juez decida en caso de conflicto.
Según las cifras presentadas por los socialistas, el año pasado abortaron en España 4.222 mujeres con 16 y 17 años, de las cuales 522 lo hicieron sin conocimiento de sus padres.
La nueva ley no ha gustado tampoco los sectores más a la derecha del PP y pro vida, que exigían al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que cumpliese sus compromisos electorales y derogase la actual ley de plazos.
La reforma ha sido también cuestionada por plataformas civiles y sociales.
Para Amnistía Internacional (AI), la nueva norma "es discriminatoria", tal y como han indicado organismos internacionales como Naciones Unidas sobre la discriminación de la mujer en la ley y en la práctica.
"Esta iniciativa legislativa no está basada en criterios médicos y, por lo tanto, puede suponer una discriminación en el acceso de estas menores a servicios de aborto legales y seguros", declaró Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional España.
Según AI, la ley aleja a España de la mayoría de países de la Unión Europea, y "nos equipara a legislaciones como las de Bulgaria, Chipre, República Checa, Turquía, Georgia, Grecia, Macedonia o Hungría", en los que también se exige a las menores el consentimiento parental, señala la ONG en un comunicado.
