En concreto, la ley será aplicada sobre aquellos establecimientos como hoteles y restaurantes que impidan el acceso o permanencia de personas del mismo sexo, profesionales u organismos de la administración pública que dificulten el acceso a puestos de trabajo sin justificación a individuos homosexuales e, incluso, los agentes de policía que cometan discriminaciones sexuales, pudiendo ser apartados del servicio por 60 días.
Además, la nueva legislación prohíbe la práctica, inducción o incitación de la homofobia a través de las redes sociales, lo cual incluye cualquier publicación de usuarios que puedan ser entendidas como muestras de discriminación, prejuicio o práctica de actos violentos contra cualquier persona debido a su orientación sexual o género.
Sin embargo, la ley no será aplicada a las instituciones religiosas, una concesión de la ALERJ para conseguir la aprobación del proyecto de ley que se encontraba parado desde 2013 debido precisamente a la presión de los sectores evangélicos en la asamblea, los cuales representan un segmento de la población en constante crecimiento y que alcanza en torno al 27% de la población del estado de Río de Janeiro.
Por último, hay que tener en cuenta la importancia de la ciudad de Río de Janeiro como destino del turismo gay internacional llegando a suponer un 30,75% de los ingresos del turismo en la ciudad durante el Carnaval, según un estudio de la Universidad Federal Fluminense (UFF) que constató que la media de consumo de los turistas homosexuales en la ciudad es un 270% superior a la del turista nacional heterosexual medio.