"No podemos estar enfrascados en discusiones eternas e infructuosas sobre cómo nos comprometemos con un número determinado de personas" que es "una cifra muy baja" respecto a los millones de desplazados que hay en el mundo.
Tras horas de debate, los jefes de Estado y de Gobierno pactaron redistribuir a 40.000 demandantes de asilo desde Italia y Grecia hacia el resto de países miembros.
Ahora se abre un periodo de dos años para cumplir el compromiso que no habla ni de voluntariedad ni de obligatoriedad.
"No se ha llegado a un acuerdo sobre el carácter que va a tener este compromiso ni tampoco sobre qué compromiso concreto va a adoptar cada Estado" se lamenta la experta.
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"En julio seguirán enfrascados en debates infructuosos sobre el cómo, el cuánto y el cuándo", mientras miles de personas se encuentran en países empobrecidos "que ya han desbordado sus capacidades" y muchas otras "siguen perdiendo la vida".
Díaz alerta que en los próximos meses van a llegar muchas personas más que están fuera de estas 40.000.
"Hay que hacer frente a la realidad del desplazamiento forzado y no a una situación concreta relativa a 40.000 personas que es lo que se lleva debatiendo y de la que todavía no hay un acuerdo claro" denuncia a esta agencia.
Estamos hablando de "cifras irrisorias", teniendo en cuenta que el desplazamiento en el mundo alacanza ya a 60 millones de personas, según las cifras de Acnur.
Según Díaz, "el 86% de los desplazados están siendo recogidos en los países más empobrecidos".
La portavoz de CEAR opina que el discurso oficial sobre el reto migratorio tendría que reflejar la realidad.
"Tenemos que abordar esta realidad y con esa base adoptar un discurso de solidaridad y de compromiso" con los refugiados.
Europa "ha ratificado la convención de Ginebra" insiste la portavoz de CEAR que recuerda que los fundamentos de la UE se "basan en los compromisos de solidaridad y de respeto de los derechos humanos".
La UE tendría "que dar ejemplo de compromiso con estas personas", señala Díaz.
La portavoz se muestra preocupada ante lo que puede ocurrir con el retorno a sus países de los emigrantes económicos.
"Exigimos que no se firmen acuerdos de cooperación y de retorno con países que no están garantizando los derechos humanos", concluye Díaz.
