De esta manera, el tribunal permitirá al gobierno sobrepasar el límite impuesto para el próximo 22 de junio ya que, según el juez del TCU, Augusto Nardes, la cuentas presentadas hasta el momento "no están en condiciones de ser apreciadas" y señaló el "respeto al principio constitucional de amplia defensa" como razón de su decisión.
En concreto, el TCU señaló que estas maniobras habrían permitido al gobierno mejorar de forma artificial sus balances con el objetivo de reducir la cifra del déficit primario y no incumplir con ello la Ley de Directrices Presupuestarias, la cual obliga por ley al gobierno brasileño de cerrar el año fiscal con superávit primario y que fue incumplida en el ejercicio de 2014 con un déficit de 32.536 millones de reales (10.649 millones de dólares) forzando una excepción en su aprobación en el Congreso Nacional.
Por su parte, la Abogacía General de la Unión (AGU) señaló que esta práctica era de uso común desde los gobiernos del expresidente Fernando Henrique Cardoso, y que su práctica habría sido reconocida por el ministro de Planeamiento, Nelson Barbosa, quien llegó a explicar que en su opinión el procedimiento no era "recomendable" pero que no constituía ningún tipo de delito pues se trata de un simple crédito de los bancos públicos al gobierno.
