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El Gobierno de Brasil tendrá 30 días extra para explicar las cuentas de 2014

© REUTERS / Ueslei MarcelinoDilma Rousseff, presidenta de la República de Brasil
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El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, organismo que ejerce el control del gasto público en el país, concedió un plazo de 30 días extra para que el equipo de la presidenta, Dilma Rousseff, justifique las supuestas irregularidades encontradas por el TCU en sus balances de 2014.

De esta manera, el tribunal permitirá al gobierno sobrepasar el límite impuesto para el próximo 22 de junio ya que, según el juez del TCU, Augusto Nardes, la cuentas presentadas hasta el momento "no están en condiciones de ser apreciadas" y señaló el "respeto al principio constitucional de amplia defensa" como razón de su decisión.

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Economía
El gobierno de Brasil presentó en septiembre las peores cuentas de su historia
El gobierno de Dilma Rousseff estaría siendo investigado por retrasar de manera consciente el pago de 40.000 millones de reales(12.925 millones de dólares) a través del Tesoro Nacional a diversas instituciones financieras públicas y privadas, entre ellas las responsables por la gestión de programas sociales como el "Bolsa Familia", con el objetivo de que los pagos no apareciesen en el cálculo de déficit del gobierno entre 2012 y 2014.

En concreto, el TCU señaló que estas maniobras habrían permitido al gobierno mejorar de forma artificial sus balances con el objetivo de reducir la cifra del déficit primario y no incumplir con ello la Ley de Directrices Presupuestarias, la cual obliga por ley al gobierno brasileño de cerrar el año fiscal con superávit primario y que fue incumplida en el ejercicio de 2014 con un déficit de 32.536 millones de reales (10.649 millones de dólares) forzando una excepción en su aprobación en el Congreso Nacional.

Por su parte, la Abogacía General de la Unión (AGU) señaló que esta práctica era de uso común desde los gobiernos del expresidente Fernando Henrique Cardoso, y que su práctica habría sido reconocida por el ministro de Planeamiento, Nelson Barbosa, quien llegó a explicar que en su opinión el procedimiento no era "recomendable" pero que no constituía ningún tipo de delito pues se trata de un simple crédito de los bancos públicos al gobierno.

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