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CIDH advierte sobre obstáculos en el acceso a la información pública

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Si bien la mayoría de los países latinoamericanos cuentan con leyes de acceso a la información pública, el principal desafío es su implementación, señala un informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH-OEA.

"Lo que se denomina la implementación del Derecho de acceso a la información pública, que viene después de la aprobación de la ley, encuentra muchos desafíos en la región", dijo a Sputnik Nóvosti el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el uruguayo Edison Lanza, autor del informe.

Según Edison, "no es fácil que la ley, por sí sola, cambie la cultura del secreto".

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Publicado a principios de junio, el informe ("El acceso a la información pública en las Américas: entidades especializadas para la supervisión y cumplimiento") hace un estudio de la aplicación de la ley de acceso a la información pública, en los 22 países latinoamericanos que han aprobado dichas leyes.

Lanza destacó positivamente que la mayoría de los países del continente cuenten con una legislación sobre el acceso a la información pública, pero advirtió que los Estados deben garantizar una institucionalidad acorde a esas leyes.

"El trabajo trata de la necesidad de que los Estados, conjuntamente con las leyes, aprueben organismos de supervisión independientes y fuertes, con un presupuesto adecuado, para hacer cumplir esas leyes", explicó.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión calificó de "lento y trabajoso" este proceso, e hizo referencia a "la resistencia" que siguen presentando los Estados ante los pedidos de acceso a la información pública.

"Es una política que revoluciona al Estado y en América Latina encontramos que no se tiene la suficiente voluntad política para implementar estas leyes", aseguró.

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Según el jerarca de la CIDH, estas dificultades responden a una "cultura del secreto" que los países latinoamericanos arrastran desde hace casi 200 años.

"Muchas veces hay temor en los funcionarios en dar información, porque vienen de una cultura, una historia y un ADN donde le habían inculcado que la información es propiedad del Estado y nadie puede meter las narices allí", analizó.

De todas formas elogió la cantidad de países que, más allá de las particularidades, han aprobado leyes en la materia.

"En una región con una cultura del secreto muy arraigada, es un aspecto positivo que 22 países hayan adoptado leyes de acceso a la información pública", indicó.

El informe destaca la experiencia de países como México, Canadá, Estados Unidos y Chile.

También señala casos donde una vez aprobada la ley, se crearon mecanismos para evitar su cumplimiento.

"Muchas veces los Estados aprueban una ley de acceso y al poco tiempo quieren aprobar una ley que contradice los estándares de acceso o es regresiva respecto a la ley aprobada", explicó, y puso como ejemplo el caso de Honduras.

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"En Honduras se aprobó el año pasado una ley de secretos de Estado, que es realmente regresiva respecto a la muy buena ley de acceso que habían aprobado hace unos años", señaló.

También se refirió a los casos de Venezuela, Argentina y Bolivia, que no tienen leyes de acceso a la información pública.

"La situación de estos países preocupa, porque no llegan al estándar mínimo", expresó.

Lanza destacó el rol de la sociedad civil en ubicar el tema en la agenda pública, alentar su discusión parlamentaria y presionar a los gobiernos para su implementación.

"Hay que recordar que no fue la sola voluntad de los Estados de crear estos organismos, sino que la sociedad civil empujó y sigue empujando; la sociedad civil es un actor clave en este juego", concluyó.

 

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