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Estudiantes impiden al Congreso de Brasil reducir la edad penal

© Sputnik / Alexander KrasnovCongreso Nacional del Brasil
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Una protesta en el Congreso Nacional de Brasil, encabezada por decenas de militantes de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y la Unión Brasileña de Estudiantes de Secundaria (UBES), frustró este miércoles un intento de reducir la edad de responsabilidad penal en el país de los 18 a los 16 años.

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La protesta provocó la cancelación de las votaciones del Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC 171/1993) que pretende reducir la edad de responsabilidad penal a los 16 años.

Debido a la intensidad de algunos manifestantes, que comenzaron a llamar "fascistas" a los políticos favorables al proyecto y llegaron incluso a enfrentarse físicamente con los diputados, la Policía Legislativa interrumpió la sesión parlamentar y desalojó a los estudiantes mediante el uso de la violencia y el empleo de gases de pimienta, creando un momento de enorme confusión en la sala.

Según informó el diario Folha de Sao Paulo, incluso el diputado de partido Demócratas de Brasil (DEM), Alberto Fraga, uno de los integrantes del llamado "sector de la bala", es decir, los partidarios de un fuerte endurecimiento de las leyes penales en el país, habría aprovechado la confusión para agredir a uno de los estudiantes, una situación que el político habría negado a pesar de haber sido registrado por varios fotógrafos presentes en el tumulto.

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Por su parte, la diputada del Partido de los Trabajadores (PT), Maria do Rosario, defensora al igual que la presidenta Dilma Rousseff de mantener el actual sistema que protege a los menores de acabar en las superpobladas cárceles del país, aplaudió la "valentía" de los jóvenes y aprovechó para atacar al presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), al que calificó de "pequeño dictador", en referencia a su forma de presidir la Cámara baja del Congreso Nacional.

El proyecto de reducción de la responsabilidad penal en Brasil ha sido condenado públicamente por la ONU, organizaciones pro derechos humanos como Human Rights Watch e incluso la presidenta Rousseff, lo calificó de "retroceso histórico", sin embargo, con un 87% de apoyo popular según la encuesta Datafolha el proyecto es una de las principales apuestas del PMDB de cara a presentar su candidatura fuera de la coalición con el PT en 2018.

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