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El PP irá a juicio por las donaciones ilegales

© REUTERS / Sergio Perez Mariano Rajoy
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El conservador Partido Popular (PP), que lidera el presidente español Mariano Rajoy, deberá sentarse en el banquillo de los acusados como responsable civil por la conocida como "caja B", las supuestas donaciones ilegales ocurridas en 2008, y por pagar con dinero negro la reforma de su sede central en la calle Génova de Madrid.

El PP también deberá depositar 1,2 millones de euros en los juzgados como responsabilidad civil.

Dos de los extesoreros conservadores también acudirán al juicio como responsables de la contabilidad paralela, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

Bárcenas pasó año y medio en la cárcel, de la que salió el pasado enero, acusado de 17 delitos fiscales y una tentativa de estafa procesal con la que el ex político pudo eludir sus obligaciones tributarias. Esta a la espera de juicio.

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El magistrado atribuye a la antigua cúpula financiera del partido delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude fiscal o delito electoral, además de delitos de organización criminal y asociación ilícita, según consta en el auto de apertura de juicio oral del procedimiento.

El juez da veinte días a los acusados, incluido el PP, para que presenten sus escritos de defensa y diez para que depositen las fianzas, que en total suman 43,5 millones de euros.

De no hacerlo, el magistrado podría proceder a embargar sus bienes.

Las fianzas más elevadas, de 8,9 millones de euros, deberán ser presentada por Bárcenas y Lapuerta.

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En el banquillo también se sentarán los miembros del gabinete de arquitectura encargado de la reforma de la sede central del partido conservador, que se pagó supuestamente de forma ilegal. En este caso, el arquitecto Gonzalo Urquijo, su socia Belén García y la empleada Laura Montero deberá acudir a juicio y presentar una fianza, respectivamente, de 6,1 millones de euros.

El auto del magistrado, José de la Mata, contra el que no cabe recurso, acusa al PP de financiación ilegal desde 1990 hasta "al menos" el año 2008.

El partido supuestamente contaba con una caja B que se nutría "de forma sistemática", según el juez, con donaciones ilegales de contratistas con las administraciones públicas.

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