"Se trata de un cambio de gran relevancia, producto de un ejercicio inédito de discusión y construcción de acuerdos, en el que participaron todas las fuerzas políticas y –de manera determinante– la propia sociedad civil, enriqueciendo la iniciativa con sus ideas y propuestas", dice.
En 2014, el Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional ubicó al país latinoamericano en el lejano lugar 103 de 175 naciones, en el cual la primera posición la ocupa Dinamarca y el último Somalia.
"Si bien es cierto que en todos los países del mundo se percibe corrupción, es inaceptable que México tenga una evaluación tan baja", escribe el presidente al referirse al indicador de la organización independiente internacional.
Con las reformas, México ha adaptado la estructura del Estado para transformarse, pero lograrlo "depende de que todos, sociedad y autoridades, actuemos con profesionalismo, integridad y honradez", reconoce el mandatario.
El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción coordinará a las autoridades encargadas de "prevenir, investigar y sancionar los posibles actos de corrupción, así como a aquellas responsables de fiscalizar los recursos públicos".
El sistema contempla un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco mexicanos distinguidos que, junto con las autoridades, velará por los intereses de la sociedad.
La Auditoría Superior de la Federación será el máximo órgano de fiscalización "piedra angular de este nuevo esquema", que permitirá realizar auditorías en tiempo real, cuando los ilícitos están siendo cometidos, vigilar el ejercicio de fondos federales y los fideicomisos que utilizan recursos públicos, explica Peña Nieto.
"Para mí el cambio más relevante de este nuevo paradigma es que, por primera vez, nuestra Constitución reconoce que, tanto ciudadanos como servidores públicos, somos corresponsables de combatir la corrupción", apunta el mandatario.
A partir de este miércoles podrán ser castigados funcionarios, pero también particulares y empresas que hayan participado en actos de corrupción, con penas de prisión; y las empresas pueden llegar a ser disueltas.
El anuncio ocurre mientras los temas de corrupción en México atraen la atención de la opinión pública, desde los conflictos de interés entre altos cargos –incluido el Presidente-, que han construido sus casas con préstamos blandos de contratistas, hasta el soborno de funcionarios por empresas para obtener y modificar contratos, como la constructora española OHL.
