De esta manera, el Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lazio dio por bueno el argumento empleado por Sivelli, basado en el tratado judicial entre Brasil e Italia y ratificado por el Parlamento italiano en marzo, por el cual se estableció que los ciudadanos italianos que fueran condenados por un delito en Brasil pudiesen cumplir sus penas en Italia y viceversa.
Por tanto, la doble nacionalidad italiana y brasileña de Pizzolato posibilitaría esta circunstancia evitando los 12 años y 7 meses que el exdirector debería cumplir en la prisión de Papuda, en el Distrito Federal, acusado de los delitos de corrupción activa y blanqueo de capitales en relación al escándalo de las mensualidades o "Mensalao", el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil.
El pasado lunes, Pizzolato declaró ante el senador italiano, Carlo Giovanardi, responsable de la Comisión de Justicia del Senado, que prefería "morir antes que cumplir la pena en una cárcel de Brasil" tras lo cual el senador exigió al ministro de Justicia, Andrea Orlandi, la anulación de la extradición, prevista para el próximo 11 de mayo, alegando que "pone en riesgo la vida de Pizzolato".
Desde que el exdirector huyó a Italia en septiembre de 2013, utilizando los documentos italianos expedidos en nombre de un hermano fallecido en 1978 para salir de Brasil y entrar en Europa, las acusaciones sobre el precario sistema penitenciario de Brasil apoyadas en informes de la ONU han sido la principal baza de la defensa de Pizzolato para evitar su extradición.
Sin embargo, la garantía de la Justicia de Brasil sobre "el total respeto de la ley y el confort de todos los presos de la acción penal AP470 ("Mensalao") habría desmontado el argumento del prófugo, quien, además, sería destinado al igual que el resto de políticos del "Mensalao", a una de las alas más seguras de la mejor prisión del país.
Por el momento, los representantes de la Justicia de Brasil no se han pronunciado sobre la polémica decisión del TAR aunque es muy posible que tanto el Ministerio de Justicia como el de Asuntos Exteriores tomen cartas en el asunto en caso de que Pizzolato consiga su objetivo el próximo 3 de junio, especialmente desde el momento en que el tratado esgrimido por Sivelli no ha sido ratificado en el Senado brasileño.
