El juez José Castro del Juzgado de Instrucción de Palma de Mallorca da tres días a la infanta y el resto de los imputados para cubrir las fianzas que fijó en el auto de apertura del juicio oral.
Los imputados deben presentar sus cuentas corrientes, activos financieros, depósitos o patrimonio.
El magistrado recuerda que ha pasado con "notorio exceso" el plazo dado para presentar la fianza que fijó por valor de 61,35 millones de euros para un total de 17 acusados en esta causa abierta por presunta corrupción.
Como no se ha hecho, el juez señala que procede "causar traba sobre los bienes que designen los afectados". Una vez se conozcan las propiedades de los imputados, el juez procederá al embargo.
La defensa de la hermana del rey calificó como "draconiana" la fianza.
Esta mañana, el esposo de la Infanta, Iñaki Urdangarin, acusó a las administraciones públicas de las ilegalidades cometidas en los contratos que hizo su empresa, el Instituto Nóos, para organizar actos deportivos por lo que cobró hasta 6,2 millones de euros.
En su escrito de defensa, alega que no tuvo "margen negociador" por lo que la responsabilidad de las contrataciones es de las administraciones baleares, valencianas y madrileñas.
En el escrito presentado, el imputado arguye que "la administración pública disfruta del "imperium", es decir, de poderes exorbitantes ajenos a la esfera jurídica de los particulares".
"Resulta inverosímil afirmar que los particulares imponen a las administraciones públicas y a las diversas entidades del sector público, la forma jurídica de contratación", insiste Urdangarin.
"Es la administración pública contratante la que decide cuándo, cómo, por qué y con quién, contrata. Y son sus servicios jurídicos lo que tienen que verificar la adecuación y precisión en el cumplimiento de lo pactado. O en el caso contrario exigir las responsabilidades administrativas que procedan", señala el documento.
La infanta y su esposo que viven en Suiza apartados de la Casa Real, están imputados por un escándalo de corrupción política en el que el cuñado de Felipe VI se aprovechó de su posición para conseguir a dedo contratos millonarios.
El juez acusa a Urdangarin de "prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias, blanqueo y dos delitos contra la Hacienda Pública".
Urdangarin se enfrenta a penas que van de los 19 a los 26 años de cárcel y una multa de 3,5 millones de euros.
