"Para la clase política mexicana, este tipo de medidas no ofrece un beneficio político en el corto plazo, hay un problema de implementación, de cultura política, es un proceso que va a tomar por lo menos una década", dijo en entrevista vía telefónica el responsable del capítulo México de Transparencia Internacional.
El responsable de la organización independiente global dijo que ha sido difícil persuadir al Congreso a lo largo de más de un año "emprender un proceso que va a tomar una década, sin beneficios en el corto plazo".
A diferencia de otras leyes que terminan en el nombramiento de una persona poderosa, por ejemplo el popular zar anticorrupción, simbólicamente más fácil de entender, la nueva ley es un complejo proceso de largo aliento, dijo Bohórquez.
"Ya no trabajamos en la lógica de los 'zares anticorrupción' –explicó el experto–, este sistema debe mantenerse dos años para la primera etapa de resultados, y más de cuatro años para una segunda etapa de construcción, y al final una década de aplicación".
Ese modelo plantea un nuevo problema: "los resultados no son para mañana, no le van a dar beneficios en el corto plazo a los políticos", ahora sumergidos en una campaña por lograr 500 escaños en el Congreso, una decena de gubernaturas y un millar de alcaldías, a medio mandato del presidente Enrique Peña.
"En el debate parlamentario, entre noviembre y marzo, antes de la aprobación de la ley anticorrupción, nadie planteó el tema del fuero, que dominó el día de la votación como táctica parlamentaria: lo debatieron pero no lo metieron a la iniciativa de ley que aprobaron", señaló el responsable de TI en México.
El incentivo de la clase política es debatir sobre la abolición del fuero, pero el desafío es construir un marco institucional en el cual el fuero es solo una parte, resume.
Descubriendo el conflicto de interés
Por otra parte, el tema del conflicto de interés en México ha sido colocado en la agenda pública luego de que la prensa revelara que el presidente, su esposa y un secretario de Estado compraron casas financiadas por contratistas del Gobierno.
"El tema del conflicto de interés está mal regulado, a pesar de que existe una instrucción presidencial (opcional) a los funcionarios de ofrecer esa declaración, porque no significa que todos los órganos de gobierno, ni todos los poderes estén obligados a presentar una declaración de intereses", apunta el especialista.
Por su parte, Transparencia Internacional ha lanzado la iniciativa Tres de Tres (tres declaraciones de los tres poderes), para que los funcionarios públicos publiquen tres declaraciones: la patrimonial, la de intereses, y la de impuestos.
Sin embargo, en el Congreso, hasta la fecha, solo 8 de 628 legisladores federales (500 diputados y 128 senadores) se sumaron a la iniciativa.
La segunda etapa, lanzada en febrero de este año, está vinculada con el proceso electoral, que llama a la transparencia de los candidatos a cargos de elección, bautizada Candidato Transparente, una campaña orientada a que quienes buscan el voto popular publiquen sus tres declaraciones de bienes, intereses e impuestos.
La reacción ha sido limitada entre los candidatos, "pero hemos descubierto que no hay correlación entre el partido político y la decisión del candidato de sumarse a la campaña, se han sumado candidatos de todas las fuerzas políticas".
Eso demuestra que son los candidatos y no los partidos quienes toman la decisión de sumarse a una campaña de opinión pública, considera el responsable de TI en México.
El Senado de México aprobó la semana pasada por primera vez en el país un Sistema Nacional Anticorrupción, en el marco de escándalos por el enriquecimiento de los gobernantes.
La corrupción le cuesta a México más de 20.000 millones de dólares, según los legisladores federales, y el país latinoamericano ocupa el lugar 103 de 174 naciones evaluadas por el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional.
