"La ejecución del segundo ciudadano brasileño en Indonesia, tras el fusilamiento de Marco Archer Cardoso el 18 de enero, constituye un hecho grave en las relaciones entre Brasil e Indonesia", explicó Danese recordando la anterior ejecución que también tuvo como principal causa el tráfico de drogas y que llevó a un aumento de la tensión diplomática con el país asiático.
Además, Danese indicó que la presidenta, Dilma Rousseff, así como las autoridades brasileñas recibieron la noticia de la ejecución con "gran consternación" y explicó que la mandataria había escrito a su homólogo indonesio, Joko Widodo, exigiendo que, por motivos humanitarios, decretase el ingreso de Gularte en un hospital psiquiátrico.
"Lamentablemente las autoridades indonesias no fueron sensibles a ese llamamiento humanitario", declaró el representante de Exteriores a la vez que reiteró que "Brasil continuará llevando adelante su oposición a la pena capital ante organismos internacionales de derechos humanos".
A pesar del tono del comunicado, Brasil no tomará medidas inmediatas de represalia frente al gobierno de Indonesia, algo que sí hizo tras la ejecución de Cardoso en el mes de enero al llamar a consultas el embajador brasileño en Yakarta.
Gularte, de 42 años, pasó 11 años encarcelado por intentar introducir 6 kilogramos de cocaína en tablas de surf, tras un intento de suicidio en 2006 le fue detectado un brote de esquizofrenia paranoide, por lo que su ejecución habría supuesto una violación de las leyes de Indonesia y las declaraciones internacionales de derechos humanos.