México lamentó la decisión tomada por la Corte en presencia del embajador mexicano, "con pleno respeto a la legislación interna de Malasia, pero ratifica su posición contraria a la aplicación de la pena de muerte", dijo esta mañana en un comunicado la Cancillería.
El Gobierno de México abrió un último compás de espera, al informar que "de conformidad con la práctica local, se espera que la sentencia no se ejecute de inmediato".
México "recurrirá a distintas instancias locales e internacionales que están en contra de la aplicación de la pena de muerte", de la cuales son signatarios Malasia y México, apuntó la cancillería.
A la #horca en Malasia los #mexicanos: Luis Alfonso, Simón y José Regino González Villarreal por tráfico de drogas pic.twitter.com/RzyYmRFDrE
— Exa FM (@ExaFM) 23 апреля 2015
Los abogados de los mexicanos solicitarán una última revisión del fallo de la Corte Federal para agotar todas las instancias jurídicas y, finalmente, pedir clemencia 'in extremis' por razones humanitarias al sultán de la provincia malasia donde fueron arrestados, Johor Bahru, fronteriza con Singapur.
Los hermanos Luis Alfonso (45 años), Simón (37) y José Regino (34), originarios de Sinaloa (noroeste del país), fueron arrestados el 4 de marzo de 2008 junto con un ciudadano malayo y otro singapurense en una bodega de la ciudad malasia de Johor Bahru, fronteriza con la isla de Singapur, acusados de tráfico, producción y distribución de narcóticos; se les incautaron 29 kilos de metanfetaminas, valorados en 15 millones de dólares.
Pero el proceso penal debería ser anulado por violación de derechos fundamentales e inconstitucionalidad debido que una tercera parte de las metanfetaminas confiscadas durante la redada desaparecieron mientras la droga era custodiada por las propias autoridades malasias, sostiene la defensa.
La policía ha admitido en la Corte que un tercio de la droga requisada fue sustraída del almacén de la Comisaría provincial de Johor Baru por varios agentes que fueron investigados.
Los mexicanos han declarado que aceptaron la oferta de trabajar en la limpieza de una nave industrial en Joho Baru, donde fueron detenidos, mientras aguardaban un empleo en la vecina Singapur.
En este caso, organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional (AI), que critican al gobierno por casos de torturas y desapariciones forzadas, han coincidido con México, país que combate a capa y espada contra las ejecuciones de mexicanos en EEUU, y exige el cumplimiento de obligaciones internacionales, como los fallos de la Corte Internacional de Justicia.
Perceo Quiroz, director de AI en México, afirma que "en sí misma la pena de muerte es violatoria de los derechos humanos y contraria a la justicia, y cuando es resultado de un proceso injusto y discriminatorio se convierte en un atroz crimen cometido por las mismas autoridades que tienen como obligación proteger la vida".
En el ámbito político, México "ha realizado gestiones ante autoridades malasias de diferentes niveles, tanto en México como en Malasia, a las que se les ha expresado reiteradamente la posición del país contra la pena capital", afirma el comunicado.
