"En el ministerio de Defensa no existe una carpeta, un mínimo indicio, intención o posibilidad de que se vaya a comprar aviones rusos", advirtió Filmus en un encuentro con la prensa en la residencia de la Embajada de Argentina en la capital británica.
Los medios británicos sugieren desde el pasado diciembre que Buenos Aires negocia con Moscú el arrendamiento de hasta doce bombarderos Sukhói Su-24.
Aunque ambos gobiernos rechazan estas alusiones, el ministro de Defensa de Reino Unido, Michael Fallon, anunció el mes pasado un gasto adicional de 180 millones de libras (unos 235 millones de euros) para proteger militarmente a la población de las Malvinas frente a la "activa amenaza" de Argentina.
"Quien dice que somos una amenaza, miente", protestó Filmus tras denunciar que "se inventa la supuesta amenaza del Gobierno argentino que todos, incluido el ministro Fallon, saben que no existe".
La embajadora argentina, Alicia Castro, recordó por su parte que "la población de las Malvinas tiene derecho a ser británica incluso bajo administración argentina" y tachó de "propaganda" la percepción que con frecuencia se difunde en Gran Bretaña de que su gobierno es "hostil" con los isleños.
Filmus aprovechó su presencia en Londres para confirmar el inicio del proceso penal contra cinco compañías británicas y estadounidenses con operaciones petrolíferas en aguas próximas a las Falkland, como los ingleses denominan las Malvinas.
Una reforma en la legislación sobre recursos naturales, aprobada a finales de 2013, castiga con entre cinco y quince años en prisión a quienes exploren o exploten hidrocarburos en el área sin licencia de las autoridades argentinas.
"Se puede actuar en muchos países y, de hecho, Pinochet fue detenido acá en Londres", resaltó la embajadora.
Filmus abrió, a su vez, la posibilidad de que los demandados presten declaración por vídeo conferencia.
En este sentido, Filmus observó que "no se necesita la tarea de un detective porque hay confesiones" de las operaciones de exploración de petróleo en la documentación pública de las propias compañías.
"Argentina va a utilizar toda la fuerza del derecho penal, nacional e internacional, para evitar que se expolien los recursos naturales de los 40 millones de argentinos", recalcó el secretario de Estado para las Malvinas.
