El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y Parlamento de Cataluña, que dispondrán de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones, según explica en un comunicado.
El Pleno acuerda también la "suspensión automática de la norma recurrida" al haber invocado el Gobierno la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, que informa de que "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas".
Por tanto, según el mismo artículo, "la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".
La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.
Nada más conocerse esta decisión, el Gobierno catalán ha lamentado esta actuación.
El consejero de Presidencia, Francesc Homs, ha valorado que la medida atenta "contra el ejercicio de las competencias propias, reconocidas a través del Estatuto de autonomía, del Parlamento catalán en relación a la ley de Acción Exterior".
Según Homs, la ley recurrida por el Ejecutivo central se "adecua absolutamente" a la "ley, a la Constitución y al Estatuto".
Y ha alertado que el recurso no afectará el funcionamiento de las delegaciones que el Gobierno del nacionalista Artur Mas mantiene en el exterior.
El parlamentario de ERC Jordi Solé también ha denunciado que con estas actuaciones "el Gobierno obliga a Cataluña a hacer política exterior propia".
Para el diputado republicano, Madrid "confunde" la diplomacia clásica con el concepto de "diplomacia pública" que Barcelona fomenta con sus delegaciones en el extranjero y entes como DiploCat.
