Cinco detenidos en 2014 acusaron a Landa Bahena como "uno de los responsables de las agresiones cometidas en contra de los estudiantes", indica el reporte oficial.
La masacre con saldo de seis muertos, 20 heridos y 43 desaparecidos, fue perpetrada la noche del 26 de setiembre y la madrugada siguiente por narcos y policías aliados, ordenada por el alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, detenidos junto con casi un centenar de policías, funcionarios municipales y delincuentes.
La investigación federal ha establecido que "el análisis lógico causal indica que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y sus restos arrojados al Río San Juan".
Los padres y familiares de los desaparecidos, de quienes sólo se ha identificado un alumno, exigen que el Ejército mexicano sea investigado, pero la Procuraduría considera que no hay evidencia de que hayan intervenido las fuerzas armadas.
El grupo Guerreros Unidos "detuvo a los estudiantes, los llevó al basurero de Cocula (pueblo vecino de Iguala), los ejecutó e incineró, ya que pensaron que pertenecían al grupo antagónico (narcotraficante) de Los Rojos", según la investigación.
En este momento hay más de 100 detenidos entre policías, sicarios y funcionarios públicos, para quienes la Procuraduría ha pedido a la justicia la pena máxima en México para estos delitos, 140 años de prisión.