"Sería un gran retroceso para nuestro país", aseguró Rousseff quien anteriormente opinó que "reducir la edad penal no resolverá el problema de la delincuencia juvenil", aunque matizó "eso no quiere decir que esté a favor de la impunidad".
Según Rousseff, los "menores que cometan un delito deben someterse a medidas socioeducativas y en los casos más graves privación de libertad", y recordó que el Estatuto del Niño y del Adolescente de Brasil ya recoge esos casos aunque "puede ser perfeccionado".
Entre otras cosas, la presidenta señaló que "es necesario endurecer la ley para castigar con más rigor a los adultos que incitan a los menores a participar en el crimen organizado" y quiso dejar constancia de que ya habría orientado al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, para mejorar la actual legislación sobre el tema en base a un diálogo con representantes de las principales organizaciones sociales brasileñas.
Cabe recordar que el pasado 31 de marzo la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Congreso Nacional aprobó por 42 votos a 17 la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 171/93) que permitiría la reducción de la edad penal que fue inicialmente presentada en 2004.
A pesar del rechazo frontal del gobierno brasileño, la más que probable aprobación del texto por parte de los diputados de la Cámara de los Diputados y del Senado, las dos cámaras que componen el Congreso Nacional de Brasil, preocupa a Dilma Rousseff ya que se entendería como una derrota política y la consolidación de los sectores más reaccionarios en el poder legislativo del país.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas condenó la propuesta de enmienda y señaló la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 que Brasil fue el primer país en firmar por delante de los 193 países que desde entonces la ratificaron.
