La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó en la rueda de prensa tras el Consejo de ministros que las "decisiones judiciales" no tienen por qué afectar a la relación entre los Gobiernos, porque son ámbitos que deberían estar separados.
"Las relaciones de los Estados son muy amplias, trabajaremos para mantenerlas", aseguró la vicepresidenta, que destacó la colaboración con el país vecino en materia de antiterrorismo yihadista.
"El Gobierno de Marruecos conoce perfectamente cuál es nuestra postura sobre el Sáhara: una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable", aseguró la vicepresidenta.
En cuanto a la decisión del juez Ruz, afirmó que "respetará la legalidad internacional".
El auto del magistrado señala los hechos se produjeron entre 1975 y 1992, y en algunos casos también hubo detenciones ilegales, torturas o desapariciones forzadas.
En su escrito, describe cerca de 50 casos de asesinatos y otros 202 de detención ilegal por parte de la Gendarmería y el Ejército marroquí.
Los ciudadanos saharauis tenían Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaporte expedido por España.
Algunos expertos consideraron tras la publicación del auto de Ruz que esta querella podía traer una crisis en las relaciones entre España y Marruecos, como pasó en anteriores ocasiones.
