"El juez Ruz ha dado un paso valiente, es como si se sintiese afectado por la deuda que tiene España con el pueblo saharaui", explica a Sputnik Nóvosti Cheija Abdalahe, una joven saharaui que actualmente vive en España.
El auto del magistrado afirma que entre 1975 y 1992 hubo un genocidio en el que también se produjeron casos de detenciones ilegales, torturas o desapariciones forzadas.
La joven cree que el hecho de sacarlo a la luz ya supone un gran paso adelante.
"Algo ha cambiado y algo va a cambiar si la justicia española se pronuncia de esta forma", señala Abdalahe, miembro de la Unión de Jóvenes Saharauis y de la Unión de Mujeres Saharauis.
Sin embargo, Abdalahe es cauta y afirma que desconfía de la justicia española porque "está controlada por los políticos".
Abdalahe cree que los Gobiernos español y marroquí pondrán trabas, dado que hay muchas cuestiones que pueden verse afectadas tras esta decisión judicial, como es la lucha contra el tráfico de drogas, la inmigración o lucha contra el terrorismo que afecta a los dos países.
Durante la entrevista con esta agencia, Abdalahe elogia en varias ocasiones la decisión del juez Ruz, aunque asegura que la lista de responsables y procesados debería ampliarse.
El magistrado, en un auto de 40 páginas, considera un "hecho" que en esos años se produjo "un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes".
Ruz afirma que estos hechos fueron "impulsados" por altos mandos militares marroquíes con el objetivo de destruir "total o parcialmente dicho grupo de población para apoderarse del territorio del Sahara Occidental".
