"Diplomáticos, policías, y todos aquellos funcionarios que tienen algún tipo de relación con Marruecos temen que España viva ahora, con su vecino del sur, una crisis similar a la que Francia experimentó durante once meses", señala Ignacio Cembrero, periodista experto en el Magreb, en un artículo publicado en el diario El Mundo.
Los hechos se produjeron entre 1975 y 1992 y los once altos funcionarios están acusados de detenciones ilegales, genocidio, torturas o desapariciones forzadas.
"El auto puede tener serias consecuencias sobre la relación bilateral", asegura Bernabé López, catedrático emérito de la Universidad Autónoma, experto en Marruecos.
Según López, "el falso idilio hispano-marroquí se va a resquebrajar y es de temer que vivamos una etapa tormentosa".
El magistrado de la Audiencia Nacional, en un auto de 40 páginas, considera un "hecho" que en esos años se produjo "un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes".
En su escrito, describe cerca de 50 casos de asesinatos y otros 202 de detención ilegal por parte de la Gendarmería y el Ejército marroquí; los ciudadanos saharauis tenían Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaporte expedido por España.
Las autoridades marroquíes todavía no han reaccionado a esta decisión judicial, aunque es posible, según plantea Cembrero, que reaccionen con sanciones similares a las que aplicaron a Francia entre febrero de 2014 y enero de 2015, suspendiendo la cooperación judicial y antiterrorista.
Marruecos es una aliado estratégico para España en materia antiterrorista y de inmigración principalmente por la frontera con las ciudades autónomas españoles de Ceuta y Melilla, situadas en el norte de África.
Un ejemplo se pudo ver el pasado mes de agosto, cuando una patrullera de la Guardia Civil interceptó una lancha en la que navegaba el rey marroquí Mohamed VI.
Apenas cinco días después, más de 1.100 inmigrantes irregulares llegaron a las costas españolas procedentes del país magrebí, la cifra más alta de los últimos 13 años, lo que obligó al ministro del Interior a viajar a Tetuán y disculparse por la actuación de los agentes españoles.
