"Morenés está a la cabeza del lobby militar-industrial español, es el número uno", asegura Ortega.
El paso de los altos cargos públicos a grandes empresas, y viceversa, conocido como 'puerta giratoria', está muy presente en España, especialmente en el Ministerio de Defensa.
El mandatario y su relación con la industria armamentística es uno de los casos más claros de en España, un juego de intereses político-empresarial al que muchos partidos quieren poner límites.
Morenés pasó de la política a las empresas militares y posteriormente a ocupar el mayor rango ministerial del Ejército. Este camino entre lo público y lo privad ha dejado huella en la política militar del Gobierno conservador de Mariano Rajoy.
El ministro de Defensa ocupa este cargo desde 2011 y anteriormente, entre 1996 y 2000, fue Secretario de Estado de Defensa y posteriormente de Seguridad con el Gobierno de José María Aznar.
Sin embargo, tras perder las elecciones en 2004, el dirigente conservador pasó a ser asesor en diversas empresas militares y de seguridad de todo el Estado, según explica Ortega
"Entre ellas destaca la MBDA España, participada por tres de las principales industrias militares europeas (Airbús Military y BAE Systems y Finmeccanica), que se dedican a la fabricación de toda clase de misiles, una de las más importantes de Europa en su sector", señala el analista.
Entre 2005 y 2007 también fue consejero de Instalaza, que se dedica a fabricar explosivos, y en el pasado incluso a producir minas antipersona y bombas de dispersión (hoy en día prohibidas en España), según explica el director del Centro Delàs a esta agencia.
"Poco antes de ser nombrado ministro, esta empresa había suministrado este tipo de bombas a Gadafi en Libia, un material que fue utilizado en el conflicto libio para reprimir a la población y durante la guerra civil", apunta el experto.
Morenés representó a esta empresa hasta 2011, justo antes de ocupar su puesto de ministro.
Otro de los cargos en empresas privadas fue en SAPA Placencia, que se dedica a la fabricación de armas pesadas y ligeras, explosivos y municiones.
Cuando Morenés llegó a su cargo como ministro, escogió a Pedro Argüelles como Secretario de Estado de Defensa, quien hasta su elección presidía la filial estadounidense Boeing para España y Portugal y era vicepresidente Boeing Internacional, empresa suministradora de material a las fuerzas armadas españolas.
"Esto atañe a la ética, es moralmente reprobable y se ha visto con otros mandatarios como es el caso de Aznar, del socialista Felipe González, o ex ministros socialistas de Defensa como Julián García Vargas, entre muchos otros", afirma Ortega.
Sin embargo, el experto destaca el caso del actual ministro como uno de los más "llamativos" y reconoce que existe el conocido como "efecto Morenés" en política y gasto de Defensa.
"Con la llegada del conservador Partido Popular (PP) al Gobierno de España, el Ministerio de Defensa tenía un gasto bajo mínimos. Morenés, al ver que no podía adquirir excesivos armamentos para España por estar en crisis, ayudó a las industrias a exportar", apunta el analista.
Las consecuencias no se han hecho esperar. Durante esta etapa, en lo tres últimos años, España ha escalado hasta el séptimo lugar en el ranking mundial de exportadores de armas. "Entre 2.000 y 2.800 millones de euros anuales", explica a esta agencia el experto.
"Hace de lobby, lo que no compra él como ministro de Defensa, ayuda a las empresas a exportarlo", asegura Ortega.
Además de esta ayuda, Morenés también está relanzando los Proyectos Especiales de Armamento. Según el experto, se trata de armas que tienen una duración de fabricación de 20 o 25 años que estaban paralizadas durante la última etapa del Gobierno socialista.
"Ahora Morenés está reactivando esos proyectos y pagando a las empresas la fabricación de esos armamentos, que en su mayoría, no son necesarios, y menos en tiempos de crisis. Lo que deberían hacer era anular los contratos", señala.
"Se adquiere armamento muy costoso que no tienen ninguna funcionalidad práctica para la defensa en España", añade el analista.
La solución a estas prácticas que están beneficiando a la industria es, según el director del Centro Delàs, el control de las puertas giratorias.
"Se debería establecer una ordenanza que impidiera que cualquier ex alto cargo público acceda a una empresa privada del mismo sector, porque está claro que velará por sus intereses con altas inversiones, como se puede ver en el caso militar español", concluye el experto.
