En la última década, al menos 50 menores de 14 años han sido víctimas de los disparos de los agentes según los datos del Ministerio de Salud de Brasil. Entre ellos, casi el 73% eran de raza negra o mulata.
"Están matando a nuestros hijos como animales", denunció a Sputnik Mundo, Ana Paula Gomes de Oliveira, su hijo, Jonathan Oliveira, de 19 años, fue asesinado por policías de la UPP de Manguinhos el 14 de mayo de 2014.
"Mi hijo volvía de dejar a su novia en casa cuando se encontró con una discusión entre policía y vecinos. De repente, un agente comenzó a disparar sobre las personas alcanzando a mi hijo por la espalda", explicó esta madre quien desde entonces mantiene un caro y lento proceso judicial mientras el agente, Alexander Marcelino de Souza, permanece impune y trabajando en la UPP de la favela.
"Resulta muy doloroso ver cada día al asesino de mi hijo pasearse por mi calle como si nada", relató la madre quien averiguó durante el juicio que el agente ya tenía tres acusaciones de asesinato bajo investigación en favelas de la región de la Baixada Fluminense.
Apenas unos meses antes, el 17 de octubre de 2013, Paulo Roberto dos Santos, de 18 años, fallecía en la misma favela bajo los golpes de los mismos miembros de la UPP acusado de haber practicado robos en la región central de Lapa.
"Uno de los policías le había detenido hacía tiempo en Lapa por algo que él no hizo. Esa noche lo acorralaron y comenzaron a golpearlo y llamarlo bandido", relató a Sputnik Fátima dos Santos Pinho, madre de Paulo Roberto. "Para ellos todo el que es negro y vive en la favela es un bandido y tiene que morir, ni siquiera tuve tiempo de llevarlo a Urgencias", aclaró.
Solamente en la favela de Manguinhos, con 35.000 vecinos y situada en una de las áreas más pobres de la zona norte de Río de Janeiro, cuatro jóvenes (Matheus, Jonathan, Paulo Roberto y Afonso) resultaron asesinados por agentes de la UPP desde su instalación en enero de 2013.
Ambas madres participaron en la protesta que en la noche del miércoles reclamó el fin del programa de las UPP y la salida del actual secretario de Seguridad de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame.
Portando camisetas con fotografías de sus hijos asesinados, no dudaron en calificar el programa de las UPP como un "genocidio contra la población negra y pobre de Río de Janeiro" que no tiene "ninguna intención de combatir el tráfico de drogas en las favelas".
Al igual que lo hicieron las protestas que en junio de 2013 sacaron a millones de brasileños a las calles, estas madres solo reclaman que las instituciones públicas se ocupen de todos los ciudadanos por igual.
"Si en lugar de todo el dinero que se gastan en armas se lo gastasen en educación, salud y dar a los niños una vida digna y lejos de la violencia y las drogas no estaríamos hoy aquí", concluyó Ana Paula Oliveira.
